Ese avance procesal se inscribe en una investigación de mayor alcance. Luego de enviar a juicio oral a Eduardo Belliboni por los delitos de fraude y extorsión vinculados al desvío de fondos que debían llegar a unos 85.000 beneficiarios del ex programa Potenciar Trabajo.

Casanello profundizó la pesquisa sobre el andamiaje que hizo posible la maniobra y citó a indagatoria a dos personas señaladas como facilitadores profesionales que intervinieron en el armado de sociedades apócrifas.

Para el tribunal, los dirigentes de la organización se valieron de su posición dominante para exigir aportes de dinero y asistencia a movilizaciones a beneficiarios del ex programa Potenciar Trabajo, personas en situación de extrema vulnerabilidad, bajo la amenaza de perder el plan. Los camaristas señalaron que no se trató de hechos aislados ni de decisiones individuales, sino de un esquema que beneficiaba a la conducción del movimiento, que concentraba y administraba los fondos recaudados.

Desde el juzgado se reconstruyó la ruta del dinero y de las facturas apócrifas, así como el funcionamiento de las denominadas empresas pantalla, consideradas piezas indispensables para concretar la defraudación ya corroborada en el expediente. La hipótesis judicial sostiene que sin ese entramado societario no hubiera sido posible ocultar el verdadero destino de los fondos públicos ni sostener durante años un esquema de rendiciones adulteradas.