Al entrar en vigor, el tratado otorga a la comunidad internacional nuevas herramientas para salvaguardar la vida marina, frenar amenazas como la sobrepesca y la minería de fondos marinos, y avanzar hacia la meta global de proteger al menos un 30 % de los océanos para 2030.

Tras más de dos décadas de negociaciones impulsadas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el acuerdo establece un marco legal para proteger y usar de manera sostenible la El tratado abarca un área que representa casi la mitad del planeta y busca frenar amenazas como la sobrepesca y la minería submarina.

La alta mar, comprendida por las columnas de agua internacionales y los fondos marinos profundos, carecía de instrumentos jurídicos vinculantes que regularan actividades industriales intensivas y protegieran sus ecosistemas, de acuerdo con Science.

La etapa de negociación estuvo marcada por la diversidad de intereses económicos, ambientales y políticos de los países miembros. Tras su adopción formal por la ONU en junio de 2023, 81 países firmaron el tratado en solo tres días, lo que reflejó la prioridad global asignada a la conservación de la alta mar.

La ratificación otorga voz y voto a los países en la toma de decisiones sobre la regulación de la pesca industrial, el desarrollo de actividades marítimas y la protección de los recursos biológicos.

Esta guía establece criterios científicos y prácticos para la evaluación, planificación y monitoreo de áreas marinas protegidas, integrando aportes de las ciencias naturales y sociales, y se ha utilizado en al menos 19 países. La World Database on Protected Areas y la plataforma MPAtlas emplean la guía como base técnica para analizar la efectividad de los espacios protegidos.

El diseño y la gestión activa de estas medidas, sustentadas científicamente, resultan fundamentales para la recuperación de poblaciones y hábitats marinos. La colaboración entre la ciencia y los responsables políticos es clave para su éxito.

Además, la implementación exitosa exigirá esfuerzos coordinados en monitoreo, financiación, capacitación y rendición de cuentas, así como cooperación internacional eficiente para garantizar la resiliencia de los ecosistemas oceánicos a largo plazo.

Un paso decisivo será la primera Conferencia de las Partes (COP1), prevista para finales de 2026, donde se definirán los procedimientos para aprobar y gestionar propuestas de áreas marinas protegidas en alta mar, según Science.

Los expertos enfatizan que el tratado otorga a los Estados la capacidad de regular actividades innovadoras, como la geoingeniería o la acuicultura en aguas profundas, que pueden tener efectos fuera de las fronteras nacionales. La continuidad del aporte científico y el compromiso político serán determinantes para su impacto real.

Fuente: telam