>La Inspección General de Justicia (IGJ) inició una etapa de definiciones con impacto en el fútbol argentino. Con plazo hasta el 20 de enero, el organismo espera respuestas formales de la AFA, que preside Claudio “Chiqui” Tapia, y la Liga Profesional de Fútbol a las intimaciones enviadas para que expliquen rubros contables globales que superan los USD 450 millones, incluidos en los balances de ambas entidades sin el nivel de detalle que, según la visión oficial, permitiría conocer su composición real.

La demanda oficial apunta a un aspecto clave del control estatal sobre asociaciones civiles que administran recursos elevados y que ahora deben rendir cuentas antes del 20 de enero. Vítolo precisó que la obligación legal de la IGJ no se limita a verificar la presentación formal de los balances, sino a comprender qué representan realmente las cifras consignadas. “Como autoridad de contralor y en cumplimiento de la ley, la IGJ debe determinar no solo lo que está dentro de las partidas globales cuestionadas, sino también qué es lo que no se muestra en las mismas”, señaló Vítolo.

El requerimiento de la IGJ no se dirige solo a la AFA y la Superliga. También abarca a los auditores externos que, año tras año, certificaron que los estados contables reflejaban razonablemente la situación patrimonial de ambas entidades. Para Vítolo, su intervención es clave para comprender cómo se validaron cifras de semejante volumen, que ahora deberán ser explicadas antes del 20 de enero.

La mención no es casual. Según explicó el inspector general, el pedido de precisiones se formula “en especial a partir de todo lo que se ha publicado en los medios de comunicación sobre el avance de las investigaciones en sede penal respecto de una suerte de aparente oscuro manejo de fondos y de negocios vinculados con ambas instituciones”. En este contexto, la IGJ considera indispensable conocer qué controles se aplicaron para verificar el origen y el destino del dinero dentro del plazo establecido.

Las intimaciones de la IGJ establecieron un límite concreto. La AFA y la Superliga tienen plazo hasta el 20 de enero para responder y aportar la información solicitada. A partir de esa fecha, el organismo evaluará la calidad y el alcance de las explicaciones recibidas.

El inspector general subrayó que se trata de una herramienta prevista en el marco legal vigente y que no implica una intervención en la vida institucional del fútbol. “No es intervención en la administración ni en el funcionamiento de la AFA. Es solo una veeduría informativa para recabar la información de los balances y de las otras cuestiones que le hemos preguntado y que la AFA no ha respondido”, explicó.

Aunque el eje inmediato del reclamo es administrativo y contable, la entrevista deja ver un contexto más amplio. Consultado sobre la posibilidad de que el caso escale a instancias judiciales internacionales, Vítolo comparó el escenario con el FIFA Gate, el escándalo que estalló en 2015 y expuso una red de corrupción sistémica en el fútbol mundial.

Vítolo repasó el origen del FIFA Gate para explicar por qué las inconsistencias contables pueden ser el inicio de investigaciones de gran escala. “Aquel caso comenzó de la misma manera que este, con objeciones y cuestionamientos en relación con inconsistencias en los estados contables y financieros de la institución”, recordó Vítolo. “Aquella fue la llave que abrió la Caja de Pandora”.

“Serán eventualmente los miembros del Consejo Directivo de la AFA y de la Superliga, los dirigentes de los clubes asociados que avalaron tales conductas y los fiscalizadores quienes deberían responder”, sostuvo Vítolo.

Mientras tanto, el foco inmediato está puesto en una fecha precisa: el 20 de enero. Para la IGJ, ese día será decisivo para establecer si el proceso se encamina por la vía de las explicaciones voluntarias o si el Estado debe avanzar con herramientas de control más rigurosas, como la designación de veedores, para esclarecer el manejo de los fondos del fútbol argentino.