Las ONG internacionales han respondido que las nuevas normas son arbitrarias y peligrosas. Varias sostienen que negarse a entregar listas completas de personal palestino responde a preocupaciones de seguridad y a obligaciones legales en materia de protección de datos, especialmente bajo legislación europea. “En Gaza hemos visto a cientos de trabajadores humanitarios asesinados. Entregar esos datos supone un riesgo real”, advirtió Shaina Low, asesora de comunicaciones del Consejo Noruego para Refugiados.

El ministro de Asuntos de la Diáspora, Amichai Chikli, defendió la decisión con un mensaje político claro. “La asistencia humanitaria es bienvenida; la explotación de los marcos humanitarios para el terrorismo no lo es”, declaró. En la misma línea, el organismo de defensa israelí que coordina la ayuda a Gaza, COGAT, aseguró que las ONG afectadas aportan menos del 1% del total de la ayuda que ingresa al enclave y que más de 20 organizaciones sí han recibido autorización para continuar operando.

El endurecimiento de las reglas para las ONG se inscribe en una política más amplia de confrontación con actores humanitarios internacionales. Durante la guerra, Israel ha acusado reiteradamente a la UNRWA de estar infiltrada por Hamás y de permitir el uso indebido de sus instalaciones y recursos, acusaciones que la agencia y la ONU han negado. En enero, Israel prohibió a la UNRWA operar en su territorio, y Estados Unidos suspendió a comienzos de 2024 su financiación a la agencia.

“Permitir que una de las partes del conflicto evalúe a nuestro personal, especialmente bajo ocupación, viola principios humanitarios fundamentales como la neutralidad y la independencia”, afirmó Rayburn. Según explicó, las ONG propusieron alternativas, como mecanismos de evaluación por terceros, pero Israel rechazó entablar un diálogo sobre esas opciones.

Fuente: telam