>Tras un año marcado por la violencia de las bandas armadas, que dejaron miles de muertos, Haití tiene la vista puesta en 2026, año en el que se espera se celebren elecciones presidenciales, legislativas y municipales tras casi cinco años sin un Gobierno electo en las urnas.

Una segunda vuelta debería celebrarse el 6 de diciembre de ese mismo año, día en el que también se elegirán a las nuevas autoridades municipales, de acuerdo con el calendario electoral.

Sin embargo, en un comunicado reciente, el Consejo Electoral Provisional señaló dos requisitos previos para el cumplimiento del calendario: un clima de seguridad aceptable y la disponibilidad de recursos financieros.

También recordó que una parte del país está bajo el control de las bandas armadas, entre ellas la capital, Puerto Príncipe, y que en algunos casos “el Estado está totalmente ausente” en un país, donde la mitad de la población -seis millones de personas, incluidos 3,3 millones de niños- necesita ayuda humanitaria y 1,3 millones han tenido que abandonar sus hogares, de acuerdo con datos de organismos internacionales.

Haití organizó sus últimos comicios entre 2015 y 2016, durante un período de transición que terminó con la elección de Jovenel Moïse, quien asumió el cargo el 7 de febrero de 2017 y fue asesinado el 7 de julio de 2020, cinco meses después de que el Consejo Superior Judicial pusiera fin a su mandato el 8 de febrero de ese mismo año.

Así, el primer mes de 2026 se presenta decisivo desde el punto de vista político para Haití, sumido en una crisis política, social, económica, humanitaria y medioambiental sin precedentes que empuja a miles de sus ciudadanos a huir en busca de un futuro mejor a países como Brasil, México, Nicaragua y Estados Unidos, entre otros.

En sus casi dos años al frente del país, Consejo Presidencial de Transición no ha logrado frenar la violencia de las bandas criminales.

Si bien los ataques de los grupos armados han disminuido en Puerto Príncipe, la capital, continúan en nuevas regiones, perpetrando masacres, robos y violaciones colectivas, llevando a miles de personas a huir de sus hogares para ir a vivir en condiciones inhumanas en campos de desplazados.

La GSF, aprobada el 30 de septiembre por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para un mandato inicial de 12 meses, contará con hasta un máximo de 5.500 efectivos policiales o militares, asistidos por 50 civiles.

(con información de EFE)

Fuente: telam