El proyecto también introduce un límite a la deuda bruta en moneda extranjera de la Administración Central y el Banco Central de la República Argentina (BCRA), que no podrá superar el 30% del Producto Bruto Interno. Si el porcentaje se excede por causas externas, quedará prohibida la emisión de nueva deuda en moneda extranjera salvo para cubrir vencimientos, según define el texto.

El mecanismo de ajuste previsto obliga al Jefe de Gabinete a reasignar partidas y notificar al Congreso si durante la ejecución presupuestaria disminuyen los recursos previstos o aumentan los gastos al punto de poner en riesgo la meta fiscal. Además, la Oficina de Presupuesto del Congreso deberá elaborar informes trimestrales sobre la evolución de los gastos, los ingresos y el cumplimiento de las restricciones legales, de acuerdo con lo informado por Reuters.

Un dato no menor es que en uno de sus últimos artículos, el proyecto de ley que lleva la firma de Hagman, establece la eliminación del artículo 5 de la ley 24.629 el cual señala que “toda ley que autorice o disponga gastos deberá prever en forma expresa el financiamiento de los mismos. En caso contrario quedará suspendida su ejecución hasta tanto se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional”. Esto es lo que utilizó el Gobierno nacional para pausar las leyes de presupuestos universitarios y la de emergencia en discapacidad.

Fuente: telam