Por último, están los sistemas provinciales y las cajas profesionales, surgidos por la autonomía de cada jurisdicción. Cubren a empleados públicos y profesionales independientes en cada provincia, casi siempre ofreciendo esquemas más generosos y con déficits crónicos.

Según el informe de CIPPEC, los regímenes provinciales son el componente más importante del gasto de los sistemas de excepción: implican el 1,8% del PBI.

Por último, las pensiones no contributivas responden tanto a situaciones de necesidad (discapacidad, madres de siete hijos o vejez sin aportes) como de mérito o compensación histórica (excombatientes de Malvinas, víctimas de terrorismo de Estado, medallistas olímpicos y expresidentes), sin requerir aportes previos.

¿Hay regímenes de excepción justificados que deberían sostenerse?, le preguntó Infobae a Rofman. “Existen situaciones excepcionales, pero casi siempre se refieren a personas y no a colectivos. Es decir, por una combinación de sus características individuales y de las tareas que hacen en sus trabajos, algunas van a tener un deterioro de su salud más rápidamente que otras. El sistema debe contemplar estos casos, pero eso no lo resuelve habilitar a que, por ejemplo, todos los que trabajan en determinada actividad se jubilen cinco años antes. Algunos trabajadores van a sufrir problemas de salud mucho antes de la edad prescripta, otros no los sufrirán nunca, lo lógico es mirar caso por caso y para ello tenemos el sistema de jubilaciones por invalidez”.

Ante la consulta de por qué los distintos gobiernos fracasaron en eliminar o reducir estos regímenes de excepción, incluso cuando hay consenso en que muchas veces generan inequidades y altos costos para toda la sociedad, Rofman lo atribuye a que “hay grupos de interés y sectores políticos que buscan mantenerlos, sea por que se benefician directamente o porque les sirve para conseguir apoyos”.

Para este especialista en economía y demografía, si bien algunos regímenes diferenciales pueden justificarse por condiciones laborales de alto riesgo o desgaste físico, en muchos casos, esas excepciones se ampliaron con el tiempo por razones políticas más que técnicas. “Se debería avanzar con la eliminación progresiva de estos regímenes y tener un esquema único nacional, con prácticamente ninguna excepción”, afirma.

Sin embargo, para el especialista, avanzar en una estrategia de reformas gradual, eficiente y transparente es “un paso imprescindible hacia la consolidación de un sistema previsional nacional más justo, inclusivo y sostenible”.

Carga y chequeo: Desiré Santander

Fuente: telam