>La ley de inocencia fiscal establece un marco con límites definidos y no funciona como un blanqueo tradicional. Según explicó Juan Pazo, exdirector de ARCA, la iniciativa busca que las personas puedan usar su dinero sin temor a sanciones, siempre que adhieran al régimen simplificado de Ganancias. El esquema apunta a quienes intentaron resguardar sus ahorros en un contexto de inflación y restricciones, y cuestiona a quienes sostienen que la norma beneficia a evasores. En ese sentido, Pazo afirmó que esas críticas son “hipócritas” y señaló que el llamado “riesgo kuka” fue uno de los factores que durante años desalentó el ingreso de esos fondos al sistema formal.

“Lo que intentamos fue generar una reparación histórica del ahorro de los argentinos”, señaló Pazo. En ese sentido, remarcó que la ley está lejos de ser un blanqueo tradicional. “El principio de ley de inocencia fiscal tiene límites. Si uno supera los mil millones de pesos de ingresos anuales, si tiene más de diez mil millones de pesos de patrimonio o si es un gran contribuyente nacional, no puede acceder a los beneficios del régimen simplificado de Ganancias”, explicó. Esa restricción, sostuvo, marca una diferencia central con los esquemas de blanqueo previos, que no establecían umbrales de este tipo.

Pazo detalló que, hasta ahora, cualquier persona que debía declarar Ganancias estaba obligada a completar una declaración jurada similar a la de un gran contribuyente, incluyendo facturación, gastos deducibles, consumos personales y variaciones patrimoniales. Con el nuevo esquema, una vez cerrado el período fiscal, el sistema de ARCA predetermina el impuesto a pagar sobre la base de la información disponible, sin analizar consumos personales ni incrementos patrimoniales. “El ciudadano podrá revisar y editar la información presentada por ARCA, y una vez que la conforma, paga y queda blindado”, afirmó.

Consultado sobre casos concretos, Pazo aseguró que una persona puede depositar incluso un millón de dólares no declarados, siempre que esté dentro de los límites establecidos. “No tenés ningún tipo de restricción. Si el banco te lo solicita, le vas a tener que mostrar que te presentaste en el régimen simplificado de Ganancias”, explicó. En esos casos, el único impuesto que podría corresponder es Bienes Personales, si se supera el umbral. “No se paga ninguna alícuota por ingresar ese dinero”, remarcó, y agregó que más de 18 provincias ya adhirieron al régimen, lo que impide que los fiscos provinciales impongan cargos adicionales.

Por debajo del mínimo de Bienes Personales —que estimó en torno a los 200.000 dólares—, el ingreso de fondos no genera ningún pago adicional. “Abajo del umbral de Bienes Personales no vas a pagar nada”, dijo. Además, subrayó que el nuevo esquema elimina el control sobre los consumos. “No se van a mirar los consumos, con lo cual uno va a poder consumir sin tener que pasar por ese sistema que te pedía justificar todo”, sostuvo.

Desde su perspectiva, muchas personas que hoy son señaladas como evasoras ya habían pagado impuestos, pero buscaron proteger sus ahorros frente a la pérdida de valor del peso. “La gente genuinamente protegió su ahorro de las manos del Estado. Hay que darle la posibilidad de volver a ingresar esos fondos al sistema”, sostuvo. En esa línea, defendió la norma frente a las críticas: “Creo que es bastante hipócrita esa crítica, porque mientras tanto los corruptos, los narcotraficantes y muchos contribuyentes que no podían justificar nada hicieron lo que quisieron”.

Pazo insistió en que la ley no apunta a un segmento específico. “No hay nada más democrático que esta ley, porque le permite a todos los que ahorraron genuinamente e intentaron proteger su ahorro, volcarlo al sistema”, afirmó. Como ejemplo, mencionó casos de pequeños y medianos empresarios que no podían realizar aportes de capital ni comprar maquinaria porque no podían justificar los fondos, y que ahora podrán hacerlo sin enfrentar sanciones retroactivas.

Otro aspecto relevante de la norma es la modificación de los plazos de prescripción y del régimen penal tributario. Según explicó Pazo, los plazos pasan de cinco más uno a tres más uno. “Es un cambio muy importante, porque te quita la persecución de encima y te genera muchísima más seguridad jurídica”, afirmó, especialmente en un país con cambios frecuentes de signo político.

Finalmente, Pazo sostuvo que el objetivo de fondo es generar confianza para que esos fondos ingresen al circuito formal y se vuelquen a la actividad económica. “Hay que darle tranquilidad a la gente para que pueda exteriorizar su patrimonio, depositarlo en un banco, generarle renta o ponerlo a producir”, afirmó. Según concluyó, durante años el riesgo kuka y la incertidumbre política desalentaron esa decisión. “Ahora hay un blindaje y una ley aprobada por una mayoría amplísima del Congreso. Las condiciones están dadas para aprovechar esta oportunidad”, cerró.

Fuente: telam