>Rozaba el mediodía y hacía 45°C a la sombra en el polígono policial ubicado a 6 kilómetros de la localidad de Colonia Benítez de Chaco. Era un acto oficial de quema de 80 kilos de cocaína y tres toneladas de marihuana y, por ende, había autoridades presentes. Estaban el juez federal Ricardo Mianovich, el ministro de Seguridad de la provincia, Hugo Matkovich, y hasta el jefe de la Policía chaqueña, Fernando Romero. Pese a ello, un cabo y un subcomisario intentaron hacer una maniobra para esconder un pan con cocaína en el patrullero. La artimaña fue tan burda que la advirtió el secretario del magistrado y así estalló el escándalo.

La jueza federal Zunilda Niremperger ya les dictó 100 días de prisión preventiva, luego de que en el patrullero encontraran escondidos debajo de los asientos y en una mochila varios ladrillos de ese mismo estupefaciente. “Fue de angurrientos. Tenían varios panes en la camioneta, se quisieron llevar uno más y los vio justo el secretario del juez”, explicaron fuentes judiciales a Infobae.

Los imputados por la jueza federal Zunilda Niremperger, en una investigación que es encabezada por el fiscal Patricio Sabadini, son: los cabos Néstor Ariel Urne Canteros y Gustavo Andrés Quizama, el oficial principal Lucas Exequiel Martínez, el cabo 1° Juan Nicolás Almirón Núñez, el sargento Gustavo Jesús Acosta, el comisario Rubén Héctor César Alegre y el subcomisario Andrés Franco Ramírez.

Para poner en contexto, primero hay que entender qué pasa en una destrucción de estupefacientes. Y qué mejor que contar lo que sucedió ese 18 de diciembre cronológicamente para dar cuenta del caso. Un dato de color: era la primera vez que la Policía de Chaco organizaba una quema de drogas.

La destrucción de estupefacientes comenzó con los expedientes del juzgado federal N°1. Luego, pasaron a los del Juzgado Federal N°2. La mecánica es así: el secretario pide el secuestro de cada una de las causas, una por una. Se pesa lo incautado para corroborar que no falte nada, los estupefacientes vuelven al patrullero en el que estaban y el secretario acompaña el móvil a la fosa. Ahí, se le hace un nuevo control al bulto antes de la quema.

El caso del escándalo fue el anteúltimo expediente del Juzgado Federal N°2. La causa decía que los oficiales de la Dirección de Consumos Problemáticos de la Policía de Chaco debían tener 8,5 kilos de cocaína.

Y las fuentes judiciales consultadas por este medio describieron lo que sucedió después: “En vez de poner el móvil con la caja apuntando al secretario para que controle lo que tenía adentro, lo estacionaron de manera perpendicular, eso fue muy raro. Bajaron el box de telgopor con la droga e hicieron el pesaje”.

“Se junta con Ramírez, saca un ladrillo, abre la puerta del patrullero y lo tira en el piso. Estaba yendo para la caja del patrullero cuando el secretario pidió parar todo y que le lleve el último box que pesaron. Faltaba un paquete. El peso fue de 7,4 kilos, no de 8,5″, describieron. Y agregaron sin muchas vueltas: “El último policía hizo una de más de angurria y ahí chau”.

Llamaron a la justicia y se ordenó la requisa. Hallaron nueve panes de cocaína: seis debajo del asiento del conductor, dos debajo del asiento del acompañante y uno más en una mochila.

“En una mochila había un ladrillo de yeso que, se cree, lo ponían como bulto o en el montón para que pese a la droga incautada. Por eso se sospecha que no sería la primera vez y que podría ser algo sistemático”, añadieron sobre la gravedad del tema.

También contaron que sospechan que el resto de los detenidos, que estaba en el predio, pero no en el patrullero, dejó allí sus mochilas para que les repartieran la droga.

El comisario Alegre, jefe del operativo y el encargado de gestionar los permisos ante la justicia federal para la destrucción de drogas, supervisaba el procedimiento y asistió a todo el proceso.

Martínez, por su parte, integró la comisión de custodia y tenía también acceso al coche, donde la Gendarmería encontró documentación y una mochila propia.

Fuente: telam