Entre las pruebas pendientes, destacó la necesidad de confrontar los estudios de geolocalización y velocidades del camión, así como profundizar en el análisis del entorno de Romero, donde se detectaron “conversaciones sospechosas” y posibles maniobras de encubrimiento. En palabras del fiscal, “resulta contradictorio que las mismas evidencias que antes sustentaron la detención e imputación de Romero, ahora sean consideradas insuficientes para continuar la etapa de instrucción”.

La defensa de Romero, en cambio, pidió que se confirme el sobreseimiento, alegando que su asistido “se puso a disposición de la investigación y declaró voluntariamente”, y que los peritajes realizados por Gendarmería Nacional corroboran la verosimilitud de su versión. Sostuvo que no hay necesidad de renovar los estudios técnicos y que existen testigos que vieron a Cash con vida después de que Romero la dejara en la zona de la Difunta Correa.

El tribunal remarcó que el sobreseimiento en la etapa de instrucción “constituye una absolución anticipada” y solo puede dictarse cuando existe certeza sobre la inexistencia del hecho o la no participación del imputado. Citando doctrina y jurisprudencia, los jueces recordaron que “la duda no opera en esta etapa como lo hace en el juicio al momento de decidir la responsabilidad del imputado”, y que mientras subsistan hipótesis viables y medidas de prueba pendientes, corresponde mantener la investigación abierta.

El fallo también analizó los resultados de los rastrillajes realizados en la zona de la Difunta Correa y Palomitas, que no arrojaron hallazgos relevantes, y cuestionó la interpretación de los peritajes sobre la maniobra de frenado del camión y los estudios de geolocalización, señalando que aún existen puntos técnicos sin dilucidar. En este sentido, ordenó renovar el peritaje de distancia, velocidad y frenado, y conformar una mesa de trabajo entre los peritos de Gendarmería Nacional y los del Ministerio Público Fiscal para esclarecer las diferencias en los análisis de las antenas telefónicas.

Entre las medidas sugeridas, se incluye la identificación de empleados del supermercado “Miguelito” que participaron en la descarga del camión el día del hecho, la verificación de la originalidad de los documentos respaldatorios del viaje y la posibilidad de realizar nuevos rastrillajes en la zona de El Tunal, donde una denuncia anónima señaló que podría haberse arrojado el cuerpo de la víctima.