>Eran tiempos en que los miembros del establishment se negaban a aplicar una jornada de ocho horas, que la libertad de contratar era inalienable, que las horas a trabajar dependían de la voluntad del patrón y del obrero, y que ellos debían ponerse de acuerdo.

La paga era muy baja. A comienzos de siglo XX, el salario obrero era entre $1,50 y $3 diarios. El kilo de pan de segunda clase valía 16 centavos y 25 pesos el kilo de carne. El alquiler de una pieza de conventillo rondaba los veinte pesos mensuales y eran pocos los propietarios que daban la garantía de que los inquilinos no fueran desalojados. Cuando en 1907 se anunció que al año siguiente habría un aumento del alquiler, estalló una conocida huelga, conocida como “de las escobas”, en las que estuvieron al frente las mujeres de los trabajadores.

El anarquista catalán Eduardo Gilimón escribió que “…ha hecho que las familias se habitúen a vivir en una sola habitación de cuatro metros por otros cuatro o cinco, en la que hay que comer y dormir, revueltos padres e hijos, y en la que las mujeres tienen que estar metidas el día entero respirando una atmósfera metífica de la que nunca desaparecen los olores de los alimentos y el vaho de la respiración”.

En un brutal hacinamiento, hombres, mujeres y niños vivían, comían y dormían en una única pieza en la que además cocinaban en un bracero que debían encender en el patio hasta que el carbón dejase de largar humo. Las enfermedades, que estaban a la orden del día, eran combatidas por las autoridades a duras penas quemando en el mismo patio colchones y ropas.

El Estado lanzaría en la primera década del siglo XX dos planes de vivienda, uno de casas económicas para obreros y empleados, a partir de un proyecto del diputado Cafferata. Estas famosas “casas baratas” se hicieron 740, la mitad chalets y la otra departamentos. Y en 1913 la municipalidad porteña y una compañía constructora llevaron adelante un plan para levantar diez mil casas en la ciudad, de las que se harían menos de la mitad.

Era la contracara de lo que vivía el país. En las últimas décadas del siglo XIX, hubo un marcado desarrollo de la economía exportadora, lo que trajo la creación de nuevos puestos de trabajo. Esto tentó a las primeras oleadas inmigratorias y se registró un florecer industrial en Buenos Aires, Mendoza, el litoral y Tucumán con la consiguiente concentración urbana. Se planteaba un nuevo escenario económico social, configurando un potente cocktail de reclamos laborales, vivienda, salud, difícil de digerir para una dirigencia que por años había gobernado en otra sintonía.

La reacción no tardaría en aparecer.

Fue en 1887 cuando se desataron las protestas y las huelgas. Cuando el 1 de mayo de 1890 se celebró por primera vez el día del trabajo en el país, fue cuando se conoció el primer petitorio de reclamos de la clase trabajadora. La reunión fue en el Prado Español, un predio que se levantaba en Recoleta, un barrio no recomendable para recorrer de noche. Lo organizó el Club Socialista Alemán Worwarts, que había sido fundado en 1882 por inmigrantes. Reclamaban al congreso la sanción de la ley que estableciese las ocho horas de trabajo.

Exigían un descanso no interrumpido de 36 horas por semana; prohibición de aquellas industrias que fueran perjudiciales para la salud; solicitaban la eliminación del trabajo a destajo y por subasta; reclamaban la inspección de talleres y fábricas por delegados, que debían incluir la inspección sanitaria de las habitaciones. Debía hacerse una vigilancia de la fabricación y venta de alimentos y bebidas, a fin de evitar adulteraciones y falsificaciones. Cada trabajador debía contar con un seguro obligatorio contra accidentes y la creación de tribunales especiales para la solución de los conflictos entre patrón y obrero.

La reacción del Estado ante este panorama se disparó en varias direcciones. Entre 1902 y 1910 el gobierno aplicó en cinco oportunidades el estado de sitio, que había tenido su origen en Francia en 1791 en medio de la revolución.

El presidente Julio A. Roca, que transitaba su segundo mandato, percibió los cambios que muchos no querían ver, más aún cuando el año anterior se habían registrado 27 huelgas violentas. En su mensaje presidencial de 1903 sostuvo que “el fenómeno (se refería a los trabajadores) no puede sorprendernos, desde que la República es ya un vasto campo de producción industrial, y en el que la mano de obra procura obtener las mismas ventajas concedidas por otros estados, en leyes que han alcanzado gran celebridad. Ha llegado el tiempo de afrontar este estudio con ánimo resuelto de dotar a la Nación de una ley que no solo regule las condiciones de admisión y permanencia en ella de los inmigrantes en general, sino también las de ejecución del trabajo de las grandes industrias…”

El proyecto de González, que contemplaba los accidentes de trabajo, la conformación de una junta nacional y la conformación de tribunales de conciliación y arbitraje, entre otras cuestiones, nunca sería discutido en las cámaras.

La primera ley obrera fue la del descanso dominical, sancionada el 31 de agosto de 1905. Es la 4461 y su autor fue el legislador socialista Alfredo Palacios.

La ansiada jornada de 8 horas recién se sancionó en 1929; el proyecto había sido presentado en 1915, lo que denota las resistencias y los debates que estas cuestiones generaban.

En cuanto a los tribunales de trabajo, los proyectos comenzaron a presentarse en 1931. Al año siguiente se aprobó el sábado inglés, esto es, trabajar hasta el sábado a las 13 horas, quedando el resto del día y del domingo reservados al descanso.

En 1935, también por iniciativa socialista, se aprobó la ley de la Silla, que estipulaba que los lugares de trabajo debían tener suficientes sillas o asientos con respaldo para el descanso del trabajador o para que pudiese desempeñar sus tareas sentado. En una primera instancia, la cobertura alcanzaba a actividades industriales y de servicios y en 1940 se la extendió a todos los trabajadores en relación de dependencia, menos el servicio doméstico.