>Sin reforma laboral y con un Presupuesto que el Gobierno no quería. Un acuerdo de madrugada que deja al kirchnerismo a punto de quedarse con el control del principal órgano auditor. Los dos nuevos negociadores de la mesa política oficial, desgastados y con poder recortado. La alianza con el PRO, el principal socio electoral, en crisis. La relación con los gobernadores, manchada de desconfianzas mutuas. El estreno de la nueva temporada del Congreso Nacional dejó una clara señal de alerta para el oficialismo que obliga a Javier Milei a cambiar métodos y alianzas.

“No contaron los votos”, se asombra un gobernador aliado en las charlas posteriores a la caída del capítulo clave del Presupuesto. A Rogelio Frigerio, de Entre Ríos, ni siquiera lo llamaron para saber cómo votaban sus diputados. Lo dieron por hecho. Y salió mal. El radical entrerriano Darío Schneider fue uno de los que se abstuvo, y lo hizo como gesto. Estaba para votar en contra en la definición crucial del apartado que contenía la derogación de las leyes de emergencia en discapacidad y financiamiento universitario, y que avanzaba en un fuerte recorte de la inversión social a través del desacople de la actualización automática de los aumentos en la asignación universal por hijo (AUH). En el oficialismo se defienden: “Habían dicho que votaban a favor”.

De ahí en adelante, todo fue un descalabro interno en una negociación que fracasó. Cuando el tablero marcó el rechazo al capítulo XI, Martín Menem entró en shock. No levantaba su vista del teléfono. Hubo diputados, encabezados por Alberto Benegas Lynch y Juliana Santillan, que propusieron repetir el esquema de la Ley Bases, mandar todo de nuevo a comisión y levantar la sesión. Pero el Presidente de la Cámara tenía un único mandato: el Presupuesto se tenía que aprobar. Decidió entonces no escuchar a nadie y mantuvo la hoja de ruta tal cual la tenía trazada.

Eso llevó al Gobierno a terminar entregando un espacio en la Auditoría General de la Nación (AGN) al grupo de gobernadores enrolados en Innovación Federal, que unas horas antes no habían hecho lo suficiente para aprobar el capítulo de la discordia. Gabriel Bornoroni, el jefe de bloque de La Libertad Avanza, tenía en una hoja escritos todos los pasos de la sesión. Después de las votaciones, cerca de las 3 de la mañana, debía convocar a votar los nombres para la AGN. Y así lo hizo. ¿Acaso no se percató que un diputado por Salta había votado en contra del capítulo crucial para la Casa Rosada? ¿O era un acuerdo per se, votaran como votaran? Nadie en la oposición encuentra respuestas a lo que consideran una brutal impericia legislativa. En el oficialismo sostienen que no se equivocaron ni se descuidaron, y valoran cómo se movieron los diputados por Salta, Misiones, Tucumán y Catamarca. “El problema estuvo con nuestros aliados”, reprochan, y marcan a Frigerio (Entre Ríos), Leandro Zdero (Chaco), Alfredo Cornejo (Mendoza), a quien le achacan no controlar el bloque radical, y Rolando “Rolo” Figueroa (Neuquén).

Segundos después, la salteña Pamela Calletti juraba como auditora ante el aplauso del principal bloque opositor. “Pamela nunca va a hacernos una maldad”, aclaraba un diputado peronista del interior. Para el bloque de Unión por la Patria, la composición de la AGN los deja en una virtual mayoría. Suman al auditor propio, Juan Forlón y a Caletti, a quien consideran una aliada. ¿Alguien se imagina que va a votar una auditoría en contra de la ex Secretaria de Energía, la también salteña y hoy senadora Claudia Royón, que fue funcionaria de Sergio Massa?, se preguntan en el peronismo, por citar un ejemplo. Cuentan además con la presidencia en manos de Juan Manuel Olmos, y es posible que en la sesión del Senado del próximo viernes se avance en completar las designaciones, donde el peronismo tiene acuerdo para llevar nuevamente a Javier Fernández a ese cuerpo. Así, sumando a Caletti, se garantizan 4 votos de 7 miembros. Tampoco cae mal entre quienes participaron del gobierno anterior el nombre de Mónica Almada, la auditora por La Libertad Avanza, una histórica conocida de la política porteña. En el peronismo citaban por estas horas la frase de Mauricio Macri. “Fácilmente infiltrable”. El nombre de Almada, una funcionaria que trabajó con Juan Pazo en Economía, lo acercó Eduardo “Lule” Menem. Tienen el aval de Karina Milei.

Para ese momento, la alianza con el PRO ya estaba estallada. Cristin Ritondo trató a Menem de traidor. La relación con el principal socio electoral está hoy herida. Ni rota ni terminada. Se verá hasta dónde llega el malestar cuando el PRO presente en Tribunales la denuncia que Ritondo prometió en la madrugada contra Martín Menem. “Si no es hoy, es el lunes”, decían el viernes, el mismo día en que ambos desayunaron juntos. Entre cafés, medialunas y barritas de cereal se entienden mejor. ¿Será mañana?

El enojo lleva por estas horas a otra amenaza. “Ya no damos más quórum”, advertía una fuerte macrista. Cerca de Ritondo creen que la seguidilla de errores parlamentarios se debió a que el jefe del bloque Fuerzas del Cambio le sacó el apoyo y no movió un pelo para hacerle la sesión más fácil al oficialismo. La bronca entre Ritondo y Menem viene desde hace rato. Pos elecciones bonaerenses, para ser más precisos, cuando el jefe del PRO en Diputados se probó (con acuerdo de Santiago Caputo) el traje de presidente del cuerpo. Ahora, al PRO le queda como carta negociar ley por ley. El otro objetivo, dicen, es cuidar a Diego Santilli. “Es el único que puede reconstruir el vínculo”, sostienen sobre el ministro del Interior, muy complicado tras las sucesivas derrotas parlamentarias en la negociación oficial. “Ahora nos tienen que venir a buscar”, se suben el precio en el bloque macrista.

Más allá de la negociación política, hubo un factor fundamental para hacer caer la derogación de las leyes: el trabajo incansable de las madres y familias con hijos con discapacidad, una red artesanal que emprendió en pocas horas la militancia whatsappera para convencer gobernadores y legisladores. Cuatro actrices llevaron la tarea de gastar sus teléfonos: Valentina Bassi, Lola Berthet, Julieta Díaz e Inés Estévez. Trabajaron en paralelo con el Foro por la Discapacidad y los prestadores del interior, que facilitaban números clave. “Te dije que te quedes tranquila, Valentina”, le escribió como último mensaje y en mayúsculas el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo. Ya le había prometido en otros mensajes que votaban en contra. Así lo repitieron con Raúl Jalil. También las atendió por teléfono Rolo Figueroa, que aportó un voto para el rechazo. En muchos casos tenían celulares desactualizados, o eran de diputados que ya no estaban en funciones. Un trabajo de hormiga de una sociedad civil atravesada por la lucha espontánea a la que los llevó el desfinanciamiento oficial. Los movió, sin dudas, la sensación de perderlo todo. Les costó más dar con el salteño Gustavo Sáenz, pero también consiguieron presionar lo suficiente para tenerlo un poquito de su lado. Ese mismo día del debate, el juzgado de Campana que rechazó el veto de Milei, obligó al Gobierno a cumplir la ley mientras tramita la apelación.

Si algo cambió con el mal paso del Gobierno en Diputados es que está vez no explotaron las internas. La decisión de incorporar por la ventana la derogación de ambas leyes ya vetadas y suspendidas no tuvo un claro responsable. Algunos apuntaron a Luis Caputo y el propio Milei, pero lo cierto es que pasó el filtro de la mesa política, que fue la que autorizó a llevarlo con el Presupuesto. Ahí están desde Karina, Manuel Adorni o Santilli, hasta Santiago Caputo, Lule y Martín Menem y Patricia Bullrich. “Sabíamos que era un riesgo, que nos jugamos un pleno”, remarca una fuente al tanto de cómo se tomaron las decisiones nadie explica por qué no contaron los votos.

Ahora, el Gobierno maneja dos alternativas. Una modificación a la ley de emergencia en discapacidad que reduzca el “impacto fiscal” y retome parte de la iniciativa original. Sueñan con llevarla al recinto el viernes en el Senado. Otra opción, un DNU con todo lo que quedó afuera del Presupuesto en Diputados. Si logran meter cambios en discapacidad, hablan de una sesión más en la cámara baja el 29 de diciembre. A esta altura, parece ciencia ficción.

Para poder pisar sobre seguro, el Gobierno está obligado a rever su política de aliados. Para su primera votación descartó casi por completo a Provincias Unidas de la negociación. Sólo trabajó con Córdoba, bajo la promesa de ampliar el flujo mensual de fondos que recibe por la caja jubilatoria, pero quedó en la nada. Si lo hubiese trabajado mejor, se llevaba los votos y la doble medalla de partirles el bloque. Pero la Casa Rosada se confió en que el envión electoral los iba a llevar al triunfo parlamentario sin tener que resignar demasiados recursos.

Para complicar aún más este paso en falso, el Gobierno ató el debate del Presupuesto con la negociación de la reforma laboral. En una total descoordinación interna, introdujo el capítulo impositivo que bajaba el impuesto a las ganancias a las empresas y que por ser coparticipable, desfinanciaba en US$ 1700 millones a las provincias. Te doy ATN por un lado, te saco fondos por el otro.

Golpeada, Patricia Bullrich tuvo que reconocer que no tenía los votos. “Voy a suspender”, le dijo a Juliana Di Tullio en la misma mañana del jueves, cuando ya había caído parte del presupuesto y los radicales le sacaban todo apoyo. Tampoco los provinciales estaban dispuestos a inmolarse en el altar del apuro oficial. Y los dos representantes de Santa Cruz, José Maria Carambia y Natalia Gadano, ya le habían avisado de sus respectivos rechazos a la reforma laboral.

“Tuvimos suerte”, analizaban en el bloque de senadores peronista sobre el desenlace. A pesar de que junto con la CGT se pusieron al hombro la campaña para bloquear la aprobación, estaban lejos de conseguirlo. La estrategia siguió una lógica correligionaria. El jefe de los bancarios, Sergio Palazzo, de origen radical, se dedicó a convencer al ex gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, el hombre fuerte de la provincia con aspiraciones nacionales. También activó contactos Héctor Daer, conocedor de la técnica legislativa por su paso como diputado nacional. “Había buena recepción pero no se animaban, lo que pasó con Presupuesto fue clave”, explican en el peronismo. Los gobernadores necesitan, además, comprar paz social. Las regionales de la central obrera hicieron lo suyo.

Lo que aprendió el kirchnerismo en estos dos años de gobierno de Milei es que los “patriotas”, en su jerga, son ajenos. Lo hicieron en la composición anterior con Martín Lousteau, por ejemplo, a quien solían dejarle la iniciativa, y repetirán esquema con aquellos que hoy consideran más permeables en el Senado. La postergación del debate de la reforma laboral le da tiempo a la oposición para rearmar una estrategia que lo habilite para desguazar el proyecto oficial, como opción de mínima.

El peronismo mostró esta semana una doble cara. Se movió unido en el ámbito parlamentario, pero cargado de internas en lo político. Mientras en el Congreso se hilvanaban acuerdos, los seis gobernadores del espacio se mostraron juntos, como anticipó Infobae, en la casa de la provincia de La Pampa. Estaban Axel Kicillof (Buenos Aires), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Elías Suárez (Santiago de Estero), junto al senador y antecesor, Gerardo Zamora. Fue una foto que intentó dar cuenta de la formación de un polo de poder que por ahora, trabajará en la unidad, con mensaje al cristinismo. Del otro lado, en San José 1111 la foto fue vista como una muestra de debilidad, no tanto hacia Cristina Kirchner, sino hacia Milei. “¿Todo lo que el gobernador bonaerense tiene para mostrar son seis diputados?”, se sorprendían cerca de la ex presidenta. La foto contó con la notoria ausencia de todo el arco filo kirchnerista.

En La Plata resisten la avanzada de La Cámpora y se mostraban conformes por lo obtenido en la reunión del consejo del PJ bonaerense que se hizo en Malvinas Argentinas. En la previa, hubo un encuentro del axelismo en Ituzaingó. Con la intención de ampliar, fue invitado Juan Zabaleta, nítido enemigo del camporismo. Finalmente, lograron forzar los dos tercios para la toma de decisiones en la junta electoral, lo que le da a ese órgano mayor equilibrio, se quedaron con dos apoderados propios (previo papelón de que los propuestos ni siquiera estaban afiliados), y obtuvieron la apertura de padrones. Máximo Kirchner aceptó todo, olfateando la tensión.

Fuente: telam