>La policía chilena trabaja frenéticamente para dar con el paradero de Luis Bravo Pigatti, el único gendarme que resta por apresar tras destaparse una red de corrupción que vendía favores a los reos en los penales Santiago 1 y San Joaquín.

Cuatro de ellos fueron aprehendidos en flagrancia la madrugada del martes -cuando partió la llamada “Operación Apocalipsis”-, al interior de uno de los penales participando de una fiesta con reos y portando nada menos que papelillos con ketamina.

El megaoperativo policial que contó con 500 detectives de la Policía de Investigaciones (PDI) y 190 gendarmes se llevó a cabo la madrugada del martes de manera simultánea en las regiones Metropolitana, Maule, Bío Bío, La Araucanía, Ñuble, Los Ríos y O’Higgins, e implicó allanamientos en nueve cárceles y decenas de domicilios particulares.

La tarde de ese martes, el presidente Gabriel Boric anunció que ingresará una reforma constitucional a fin de traspasar Gendarmería desde el Ministerio de Justicia al de Seguridad. La idea, explicó en un punto de prensa desde La Moneda, es separar el combate contra la delincuencia de la rehabilitación.

El miércoles, desde la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup) manifestaron mediante un comunicado su “más profundo repudio y rechazo” a dicha medida, asegurando que se trata de >Desde la asociación señalaron que el gobierno desconoce “la realidad del sistema penitenciario, de sus complejidades y de los riesgos permanentes que enfrentan a diario sus funcionarios y funcionarias, tanto uniformados como no uniformados”.