La cruzada del Ejecutivo con los intendentes, sobretodo los bonaerenses, es de larga data. A principios de este año, Caputo instó a las provincias a adoptar medidas para que los municipios deroguen aquellas tasas cuyo monto no guarda proporcionalidad con el costo del servicio prestado y que, a criterio del Gobierno, resultan “ilegales y arbitrarias”.

Además, pidió intimar a los municipios para que, en el caso de que no cumplan con lo señalado, se los suspenda en su participación de la masa coparticipable.

El Ministerio de Economía sostuvo que “el ejercicio ilegal y arbitrario de la potestad tributaria aplicada por municipios, perjudica a los esfuerzos del Gobierno Nacional para evitar incrementos en la presión tributaria”, lo cual obstaculiza la baja de la inflación.

Incluso, en octubre de 2024 se habilitó un“La información relacionada con los conceptos contenidos en los comprobantes emitidos por los proveedores de bienes y servicios en el marco de las relaciones de consumo, conforme las denomina el Artículo 3° de la Ley N° 24.240 y sus modificatorias, deberán referirse en forma única y exclusiva al bien o servicio contratado específicamente por el consumidor y suministrado por el proveedor”, indica la resolución 267/2024, que desató una catarata de amparos judiciales por parte de los intendentes.

Fuente: telam