>El Tribunal Supremo de Hong Kong declaró este lunes culpable al empresario y editor prodemocracia Jimmy Lai, de 78 años, por dos cargos de conspiración con fuerzas extranjeras y un delito de sedición ligado a la difusión de material subversivo, una decisión que podría derivar en una pena de cadena perpetua.

La sesión se desarrolló en el complejo judicial de West Kowloon bajo un dispositivo de seguridad reforzado y ante una marcada afluencia de público, periodistas y diplomáticos de países occidentales. Entre ellos figuró el Reino Unido, que criticó el proceso y lo consideró motivado políticamente. Lai posee ciudadanía británica.

Los fiscales también sostuvieron que Lai actuó como “cerebro y sostén económico” del grupo ‘Stand with Hong Kong’ (Apoya a Hong Kong), al que atribuyeron campañas internacionales destinadas a presionar a gobiernos extranjeros y promover sanciones contra autoridades locales y chinas. La acusación insistió en que el empresario utilizó su plataforma mediática para solicitar apoyo internacional y promover “hostilidad organizada” contra Hong Kong y Beijing.

El fallo se inscribe en uno de los procesos más relevantes desde la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Nacional impuesta por el régimen chino en 2020. El juicio comenzó formalmente en diciembre de 2023 y quedó marcado por tensiones políticas, en parte por la prominencia pública de Lai y por el alcance del caso para el sector mediático y la oposición prodemocrática.

La situación personal de Lai generó preocupación internacional. Sus hijos denunciaron un deterioro físico notable tras casi cinco años en régimen de aislamiento. Las autoridades de Hong Kong respondieron que el empresario recibe atención médica adecuada y rechazaron que exista un trato inapropiado.

El proceso contra Jimmy Lai y su diario se convirtió en un símbolo de la transformación política y jurídica de la ex colonia en los últimos años. Ese período incluyó la disolución de organizaciones civiles y partidos opositores, además de cambios profundos en el funcionamiento de los sistemas judicial y electoral, en un contexto de reducción sostenida de derechos y libertades.

Fuente: telam