>Lo que comenzó como un proyecto de desarrollo para pueblos indígenas que históricamente habían sido postergados terminó convertido en uno de los mayores escándalos de corrupción de las últimas décadas en Bolivia.

El programa fue creado en diciembre de 2005, bajo el gobierno interino de Eduardo Rodríguez Veltzé, pero comenzó a operar en 2009 durante el mandato del expresidente Evo Morales (2006-2019). Nació con el objetivo de destinar el 5% de las recaudaciones por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) a proyectos de desarrollo productivo en poblados indígenas y campesinos.

El directorio del Fondo Indígena estaba compuesto por representantes del Órgano Ejecutivo y de al menos ocho organizaciones sociales afines al Movimiento Al Socialismo (MAS). De parte del Gobierno estuvieron los ministros de Desarrollo Rural, Planificación, Desarrollo Productivo, Presidencia y Economía, que entonces estaba encabezado por Luis Arce, que integró el directorio.

Uno de los denunciantes fue Marco Antonio Aramayo, director del Fondo Indígena entre 2013 y 2015, quien señaló algunas irregularidades detectadas durante su gestión y presentó un informe a la Contraloría General del Estado. Paradójicamente, Aramayo pasó de denunciante a denunciado: enfrentó más de 200 procesos penales y estuvo detenido durante siete años hasta su fallecimiento en abril de 2022.

Las investigaciones expusieron Aunque no existe una única cifra oficial consensuada sobre el daño económico al Estado que provocó el manejo del fondo, que varía según el tipo de análisis y el periodo observado, recientemente el Ministerio Público estimó un daño de 925 millones de bolivianos (132 millones de dólares) en desembolsos para al menos 3.500 proyectos, de los cuales ni la mitad habría sido concluido.