En paralelo, declararon ante Kreplak varios ex trabajadores del Laboratorio Ramallo, la planta en la que se elabororaron las partidas contaminadas de fentanilo HLB Pharma. Sus testimonios describieron graves fallas en el proceso de elaboración, deficiencias en la esterilización, controles internos relajados y condiciones de trabajo que, según relataron, eran incompatibles con la manipulación de sustancias críticas como el fentanilo.

Las familias señalan que, mientras la Justicia avanza, el Poder Ejecutivo permanece inmóvil. Por eso, uno de los objetivos centrales de la movilización es exigir una reunión urgente con el ministro de Salud, Mario Lugones, y con la titular de la ANMAT, Agustina Bisio. Buscan saber qué medidas tomaron, qué falló en los sistemas de trazabilidad y por qué el Estado no detectó a tiempo el desastre sanitario. “Queremos construir conciencia y memoria social, romper el silencio, evitar el encubrimiento y garantizar que una tragedia así no vuelva a repetirse”, explican los organizadores.

La documentación oficial llevaría a concluir que si la autoridad regulatoria hubiese actuado de forma más efectiva y menos displicente ante las “irregularidades críticas” detectadas en los laboratorios de Ariel García Furfaro, se podría haber evitado que el 18 de diciembre de 2024 Laboratorios Ramallo, elaborador exclusico de HLB Pharma, fabricara el Lote 31202 del fentanilo contaminado con dos tipos de bacterias y asociado a la muerte de más de casi.

Sin organizaciones políticas detrás y sin un aparato de contención estatal, los familiares quedaron al frente del reclamo público.

Muchos de ellos llevan meses recorriendo despachos oficiales, acompañando las presentaciones judiciales y reuniéndose con especialistas para comprender la magnitud del esquema que permitió que dos partidas contaminadas con bacterias peligrosas circularan por hospitales públicos y privados.

El expediente del fentanilo adulterado ya no sólo investiga un error técnico o un proceso farmacéutico defectuoso: apunta también a un sistema de control sanitario debilitado, un circuito de habilitaciones que funciona de manera deficitaria y un Estado que —según entienden las familias— no actuó ni antes, ni durante, ni después de la tragedia. “Las 173 muertes no pueden encerrarse en un expediente. Necesitamos respuestas políticas, decisiones concretas y responsables que den la cara”, sostienen en la convocatoria para el 16 de diciembre.

- Exigir respuestas inmediatas de las autoridades políticas solicitando una reunión con el Ministro de Salud Mario Lugones y la titular de la ANMAT Agustina Bisio

- Seguir dando visibilidad la tragedia sanitaria, recordar a cada víctima y denunciar la cadena de negligencias que permitió el envenenamiento masivo.

Fuente: telam