>En agosto pasado, la Patrulla Municipal de San Isidro había detenido cuatro ciudadanos chilenos a bordo de un Peugeot gris 206 gris sospechados de estar vinculados a actividades criminales, pero terminaron libres. Entonces, ante un nuevo caso en el que atraparon a tres hombres de esa misma nacionalidad acusados de asaltar viviendas de ese partido simulando ser empleados de una empresa de servicios, decidieron ir a fondo: hicieron un pedido formal para que los expulsen del país y la Dirección Nacional de Migraciones así lo resolvió.

El procedimiento se inició a principios de la semana, cuando agentes municipales detectaron una camioneta Fiat Qubo gris sin patente circulando en actitud sospechosa por la localidad de Martínez. El vehículo fue interceptado en la Colectora Panamericana y la calle Yrigoyen. Durante la inspección, los efectivos hallaron destornilladores, barretas, ropa de trabajo y cascos con el logo de la prestadora de energía, guantes, cinco teléfonos celulares, gorras, cinta de embalar y un disco de corte de amoladora. Estos elementos eran utilizados por la banda para engañar a los vecinos y facilitar el acceso a las propiedades.

“No es la primera vez que detenemos a ciudadanos chilenos que delinquen o están a punto de hacerlo. Migraciones ya dictó las órdenes de expulsión, estamos insistiendo en la Justicia para que autorice la efectivización de las medidas”, dijo el intendente Ramón Lanús.

La Dirección Nacional de Migraciones así resolvió la expulsión inmediata y la prohibición de reingreso permanente al país de Anthony Isaías Lagos Andia, de 19 años, tras constatar que su ingreso fue irregular “eludiendo el control migratorio o por un lugar o en horario no habilitados al efecto”.

En el caso de Camilo Antonio Reyes Donoso, Migraciones resolvió cancelar su residencia transitoria y ordenar su expulsión tras constatar que desnaturalizó los motivos que justificaron su ingreso al país.

En cuanto a Joel Antonio Martínez Encina, Migraciones resolvió su expulsión y prohibición de reingreso permanente tras constatar su permanencia irregular y su vinculación a una investigación penal en San Isidro.

La autoridad migratoria argumentó que la permanencia de Martínez Encina está alcanzada por el impedimento previsto en el artículo 29 inciso l) de la Ley 25.871, que permite denegar la permanencia de extranjeros que no cumplan con los requisitos legales. El organismo remarcó que “se han incumplido los requisitos exigidos por la reglamentación para la admisión y permanencia en el país de la persona titular de los presentes actuados”.

Fuente: telam