Durante la revisión, los agentes corroboraron que ninguno de los dos figuraba como titular del vehículo, lo que elevó las sospechas. Además, una inspección visual en el área del tanque de combustible reveló tornillos removidos y otras alteraciones inusuales.

La investigación judicial avanzó con la detención y procesamiento de Aguirre y Garino como coautores del delito de transporte de estupefacientes, agravado por la intervención de varias personas. Durante la instrucción, Garino acordó un juicio abreviado y recibió una condena de tres años de prisión en suspenso. Para Aguirre, el tribunal consideró que existían pruebas suficientes para dictar una pena de cumplimiento efectivo.

Sin embargo, los peritajes sobre las redes sociales y comunicaciones telefónicas de la acusada mostraron un panorama distinto: su actividad en plataformas digitales reflejaba vínculos comerciales y contacto habitual con otro sospechoso identificado como R. C., detenido en agosto en San Juan durante un control de Gendarmería Nacional en Caucete. La relación entre ambos se evidenció en el intercambio frecuente de mensajes y reacciones a publicaciones.

Actualmente, la causa sigue abierta por la participación de otras personas, entre ellas R. C., investigado no solo por este episodio, sino también por hechos similares. Tras el fallo, el órgano judicial ordenó la entrega del automóvil secuestrado al Estado nacional y el cumplimiento efectivo de la condena contra Aguirre, mientras avanzan las pesquisas orientadas a determinar el grado de responsabilidad de otros integrantes de la organización involucrada.