A su vez, se habilita el fraccionamiento de las vacaciones con un mínimo de 7 días, la implementación voluntaria de un banco de horas y un sistema más estricto para justificar licencias por enfermedad, con certificados detallados y junta médica en caso de discrepancias.

Por otra parte, se elimina la reserva de empleo para cargos electivos y el preaviso durante el período de prueba. Otra novedad es que constituye causal de extinción por mutuo acuerdo la falta de manifestación de continuidad durante dos meses en contratos permanentes.

La regla general continúa vigente: ante un despido sin justa causa posterior al período de prueba, la indemnización equivale a un mes de sueldo por cada año de servicio —o fracción mayor a tres meses—, calculado sobre la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida durante el último año o, si fuera menor, durante el tiempo efectivamente trabajado.

El texto indica que “a los fines de dar certidumbre a las relaciones laborales”, se define:

El proyecto crea los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), destinados a facilitar el cumplimiento de las indemnizaciones por parte de los empleadores del sector privado. Estos fondos deberán constituirse como un patrimonio separado, de afectación específica, independiente e inembargable, dentro de alguno de los fondos administrados por entidades habilitadas por la CNV, según la elección del empleador.
Las cuentas de los FAL se conformarán con una contribución mensual obligatoria del 3% de las remuneraciones que se toman como base para el cálculo de las Contribuciones Patronales con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

El régimen de Casas Particulares tendrá algunos cambios: el período de prueba se amplía de 30 días a 6 meses, los recibos pasan a emitirse de manera electrónica y la constancia bancaria adquiere valor como prueba suficiente.

En paralelo, se crea un Régimen de Servicios Personales de Reparto y Mensajerías que operan mediante plataformas tecnológicas o apps. Este exige estar inscriptos en ARCA con aportes al día y acceso a la seguridad social prevista para monotributistas sociales, informar la CBU o CVU para el cobro, respetar normas de tránsito y realizar la cantidad de viajes y para los clientes que decidan, sin tope ni obligación mínima.
También, reconoce derechos específicos: posibilidad de rechazar pedidos sin explicación, recibir fundamentos ante suspensiones o bloqueos y ejercer réplica, acceder a los datos que recopila la aplicación, obtener capacitaciones gratuitas sobre uso de la plataforma y seguridad vial, contar con un seguro de accidentes personales acordado entre las partes, percibir el pago completo y el 100% de las propinas, conectarse o desconectarse sin mínimos obligatorios, registrarse sin compromiso de actividad y elegir libremente recorridos y herramientas de navegación.

La reforma pone fin al principio de ultraactividad de los convenios colectivos: una vez vencido su plazo, solo continúan vigentes las cláusulas normativas vinculadas a condiciones de trabajo, y únicamente hasta que entre en vigor una nueva convención o exista un acuerdo expreso de prórroga. Las cláusulas obligacionales solo se mantienen mediante acuerdo entre las partes.

El sistema incorpora un cambio relevante en la prelación de los convenios: los acuerdos de ámbito mayor dejan de tener capacidad para modificar los de ámbito menor, y estos pasan a prevalecer.

El proyecto establece que la asociación sindical deberá pedir autorización previa al empleador para realizar una asamblea, precisando el horario y su duración; si se lleva a cabo dentro del establecimiento, también deberá solicitar permiso por el lugar. Aclaran que el trabajador no percibirá salarios durante el tiempo que dure la reunión.

El procedimiento para que los sindicatos de empresa obtengan personería gremial queda simplificado, el crédito horario de los delegados se reduce a 10 horas semanales y la tutela sindical recibe una regulación más precisa en cuanto a sus alcances.

Con el objetivo de crear nuevos empleos, se propone instaurar el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) por un año, destinado a los empleadores del sector privado.

Para acceder a estos beneficios, el trabajador debe cumplir al menos una de las siguientes condiciones: no haber tenido una relación laboral registrada al 10 de diciembre de 2025, haber estado desocupado durante los 6 meses previos al alta, haber estado inscripto en el monotributo o tener como último empleo uno bajo dependencia en el sector público nacional, provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Además, la incorporación debe representar un incremento neto de la nómina, estimado como la diferencia entre el promedio de trabajadores de los 6 meses anteriores a la vigencia de la ley y el mes en el que se imputa el beneficio.

También quedan excluidos aquellos registrados en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) y los que incurran “en prácticas de uso abusivo del beneficio” mediante sustitución de personal.

El texto de Casa Rosada establece beneficios aplicables al stock laboral del empleo. Desde el mes siguiente a la promulgación de la ley, las contribuciones patronales comenzarán a bajar: el aporte del empleador para obras sociales descenderá del 6% al 5%, y las cargas destinadas a la seguridad social también se disminuirán.

Se sumará un pago del 3% sobre las remuneraciones que sirven de base para calcular las contribuciones al SIPA.

a) Se prevé la posibilidad de regularizar relaciones laborales no registradas o deficientes, extinguiendo sanciones, deudas y acciones penales.

c) Se otorga reconocimiento previsional de hasta 60 meses a trabajadores regularizados y fijan parámetros de planes de pago.

Fuente: telam