>En el ámbito del Poder Judicial bonaerense, unas 100 denuncias activas pesan actualmente sobre un universo de más de 4.000 funcionarios y magistrados, informaron desde la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados.

Szelagowski, que ocupa ese cargo desde 2018 y actualmente lidera su área de instrucción, señaló que el número de expedientes activos representa menos del 3% del total de funcionarios denunciables.

Aclaró que el proceso no es penal ni tiene una víctima directa en términos ordinarios. “Su propósito es preservar la credibilidad y la eficacia del sistema judicial”, dijo Szelagowski, quien destacó que cada denuncia implica revisar no solo la conducta sino la idoneidad del funcionario, bajo el objetivo de asegurar un estándar acorde a lo que exigen el ingreso y la permanencia en la magistratura. “La justicia necesita agentes que estén a la altura de los privilegios que la sociedad les otorga”, sostuvo.

La funcionaria también se refirió al impacto emocional que los procesos de jury acarrean sobre los involucrados. A su juicio, contener, escuchar y acompañar no solo es parte del trabajo, sino una obligación ética: “El juez es juez hasta el día que eventualmente lo destituyen; acompañarlo es clave”.

Szelagowski consideró que la instauración de la Secretaría y la incorporación de actores externos, como el Colegio de Abogados, “modernizaron y democratizaron el proceso de enjuiciamiento”. Para la funcionaria, el Poder Judicial “está siendo puesto a prueba de manera constante”, y remarca la importancia de mantener la independencia y autoestima del sector pese a las presiones crecientes.

La funcionaria, además, cuestionó el incremento de causas que trasladan decisiones políticas a los estrados judiciales, y opinó que la transferencia de responsabilidades legislativas o ejecutivas al poder judicial erosiona el sentido del orden institucional. “Para mí, la justicia tiene como fin fundamental mantener el orden social. Si obligamos al juez a resolver conflictos políticos, perdemos rumbo”, enfatizó.

En un contexto de demandas crecientes y falta de recursos, el bajo número de denuncias en curso sobre un total de 4.000 funcionarios y magistrados marca, según Szelagowski, el esfuerzo cotidiano que sostiene la legitimidad del Poder Judicial en la provincia de Buenos Aires.