Punto 6: la obligación de pedir autorización para hacer las asambleas de trabajadores en las empresas, como una forma de evitar que se conviertan en medidas de fuerza encubiertas, como sucedió en 2024, por ejemplo, en el conflicto de Aerolíneas Argentinas. Otro de los artículos del DNU 70 rechazados por el sindicalismo, que considera que de esa forma se restringirá el ejercicio de la acción colectiva en los lugares de trabajo.

Punto 8: se introduce la figura del banco de horas y la posibilidad de calcular la jornada laboral en base a promedios semanales, siempre dentro de los límites legales. La opinión predominante en el Consejo de Mayo es que estas herramientas permiten adaptar los tiempos de trabajo a las necesidades productivas, “respetando los descansos legales y favoreciendo la conciliación entre empleo y vida personal”. Si bien se fija que estos cambios deberán ser pactados por empresarios y sindicalistas en los convenios, la CGT teme posibles abusos del sector empleador y la virtual eliminación de las horas extra.

Punto 10: la ampliación de las infracciones graves en materia de bloqueos sindicales. Según la dirigencia sindical, en el proyecto oficial se considera como infracción grave “provocar, y/o instar y/u organizar el bloqueo o tomar un establecimiento” cuando la ley actual sólo habla de “provocar”. De esa forma, se amplía el espectro de responsables de los bloqueos contra las empresas, que desalentará aún más ese tipo de protestas extorsivas, que ya están en jaque luego de que la Ley Bases las calificó como una “injuria grave” y, por lo tanto, se convirtieron en causal de despido justificado. Los gremialistas opinan que el añadido propuesto “acentuará la criminalización” del derecho a la protesta.