Mientras tanto, la política se polariza en torno al tema de la seguridad. El proyecto de ley antifacción, cuyo ponente es Guilherme Derrite, diputado del Partido Progressista y secretario de Seguridad del estado de San Pablo, ahora en excedencia, ha dividido al Congreso en dos. Derrite se ha visto obligado a presentar esta semana cuatro versiones diferentes, la última de las cuales se votará el próximo martes. En el texto final se ha mantenido la idea de crear una legislación autónoma contra el crimen organizado, una decisión que el Gobierno cuestiona porque teme que se superponga a la normativa ya existente. En la última versión se introduce una definición de “facción criminal”, entendida como una organización ultraviolenta, milicia o grupo paramilitar que pretende controlar territorios o actividades económicas mediante la violencia o la intimidación. Sin embargo, el ponente no ha introducido un nuevo delito con esta denominación, a diferencia de lo que quería el Gobierno, que proponía penas de 8 a 15 años. El texto también prevé que parte de los bienes incautados a las organizaciones criminales se destinen al fondo de la Policía Federal (FUNAPOL) cuando las investigaciones sean llevadas a cabo por la misma, una petición del Gobierno. Anteriormente, los bienes iban íntegramente a los estados y al Distrito Federal. El texto también establece que los bienes se asignen a la entidad federativa en la que se lleve a cabo el proceso penal. Entre las novedades de la última versión, el uso de drones se convierte en un agravante, lo que aumenta la pena de la mitad a dos tercios. También se refuerzan los agravantes para los delitos contra miembros del poder judicial y de la fiscalía. Si el delito conlleva lesiones corporales muy graves, la pena prevista aumenta a 12-20 años, con una distinción más grave que en la versión anterior.

También en el ámbito regional, Brasil se ha adherido a la Comisión Estratégica del Mercosur contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Ministros y representantes de nueve países de la región se reunieron el miércoles para crear el grupo, cuyo objetivo es dirigir y optimizar la coordinación del Mercosur en la lucha contra las organizaciones criminales que operan en más de un país. En la reunión participaron Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Chile, Colombia, Perú y Panamá. Actualmente, la presidencia del grupo la ostenta Brasil.