10/11/2025
Las contradicciones de Brasil expuestas en la COP30
Fuente: telam
En el inicio de la cumbre del clima, un tornado arrasó parte del sur del país. Los especialistas señalan que la tasa de mortalidad no están tan relacionadas con la intensidad del fenómeno, sino con el lugar en el que se producen
>(Desde San Pablo) No es oro todo lo que reluce. La COP30 comienza hoy en Belém, la capital del Estado amazónico de Pará, con algunos problemas y muchas contradicciones. En primer lugar, se inaugura con un desastre climático que ha vuelto a azotar el sur de Brasil, esta vez el estado de Paraná. Una ciudad entera, Rio Bonito do Iguaçu, quedó destruida en la noche del viernes al sábado por el paso de un tornado en el que murieron seis personas y más de 700 resultaron heridas, una tragedia que se suma a las devastadoras inundaciones de mayo del año pasado en Rio Grande do Sul. El Gobierno de Lula, que apuesta por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático para mostrar al mundo su agenda verde, se ve así obligado a enfrentarse a la realidad. “Las zonas más pobres y periféricas tienden a tener un grado de vulnerabilidad mucho mayor. En definitiva, la gravedad y la tasa de mortalidad no están tan relacionadas con la intensidad del fenómeno, sino más bien con el lugar en el que se ha producido”, declaró al sitio web G1 el investigador Daniel Henrique Cândido, de la UNICAMP, la Universidad Estadual de Campinas. “Más del 80% de la ciudad ha quedado destruida. Y lo que muchos siguen definiendo como un fenómeno aislado es, en realidad, la enésima advertencia de la crisis climática que el país sigue ignorando”, declaró en un comunicado el partido fundado por la actual ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, Red Sostenibilidad. “La tragedia de Paraná es un llamamiento urgente a la acción, la justicia y la responsabilidad medioambiental”, concluye el comunicado.
Además, sobre el evento se cierne la supuesta amenaza del Comando Vermelho (CV), uno de los principales grupos criminales del país. Según un documento del ministro de Minas y Energía, Alexandre Silveira, enviado con carácter urgente el pasado 31 de octubre al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, la facción ordenó la suspensión inmediata de las obras de ampliación de la subestación eléctrica de Marituba, que abastece a Belém, e impuso que todas las actividades operativas cesaran cada día a partir de las 15 horas. La subestación se considera esencial para garantizar el suministro eléctrico de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Sin embargo, Marituba y su subestación no se incluyeron en la operación de Garantía de la Ley y el Orden (GLO), es decir, el decreto especial con el que Lula autorizó la intervención de las fuerzas armadas para proteger el evento. Para agravar la tensión, el pasado 4 de noviembre se encontró una granada en un contenedor de basura en un edificio de apartamentos, también en Marituba.
La cumbre de líderes y jefes de Estado que se celebró la semana pasada en Belém se consideró un ensayo general de la COP30, que comienza hoy. Además del fracaso de la presencia de los jefes de Estado —ni siquiera acudió el principal socio comercial de Lula, el presidente de China, Xi Jinping—, el evento puso de manifiesto muchos problemas, como las obras para la COP30 sin terminar, la falta de agua en los baños de la zona de prensa y los altísimos precios de la comida en el recinto de la conferencia. El lanzamiento la semana pasada en Belém por parte del gobierno de Lula del fondo denominado Bosques Tropicales para Siempre (TFFF en inglés) también ha sido objeto de críticas. Hasta ahora, los únicos que han confirmado su financiación son Noruega, Brasil, Indonesia y Francia, que prometieron invertir respectivamente 3000 millones de dólares, 1000 millones Oslo y Brasilia, y 500 millones Francia, mientras que Holanda, Alemania, China y Gran Bretaña se han comprometido a ayudar sin especificar cuánto aportarán. El objetivo de la iniciativa es recaudar 125.000 millones de dólares, 25.000 millones de fondos públicos y el resto de fondos privados, y debería ser gestionada por el Banco Mundial. El mecanismo prevé desembolsar unos 4 dólares por hectárea de bosque protegido por privados por cada dólar público, con un proceso similar al del Fondo para la Amazonia. Primero, el país demuestra los resultados obtenidos en términos de conservación y luego recibe la recompensa. Por último, alrededor del 20% de los recursos se destina a las poblaciones indígenas y a las comunidades locales. Pero no faltan las críticas. “El valor por hectárea ha resultado ser muy bajo”, declaró al diario Folha de São Paulo Tasso Azevedo, fundador de la organización no gubernamental MapBiomas y exdirector del servicio forestal brasileño. Fue precisamente Azevedo quien presentó hace dos años a Lula la versión original de la propuesta. Esta preveía que la industria petrolera destinara un dólar por cada barril de petróleo producido, lo que habría garantizado a las comunidades locales un pago más elevado. “El valor actual no es suficiente para frenar las economías que deforestan”, afirmó Azevedo. El modelo también ha sido criticado por el investigador Max Alexander Matthey y el profesor Aidan Hollis, de la Universidad de Calgary, en Canadá. Para ambos, el mecanismo subestima los riesgos del mercado financiero y penaliza a los bosques, ya que los pagos se realizan de forma jerárquica, primero a los inversores privados, luego a los países y solo al final a quienes viven y trabajan para la conservación de los bosques. En períodos de inestabilidad financiera, esta parte final de la cadena podría verse penalizada.Mientras tanto, en el estado de Pará, muchos agricultores están pidiendo ayuda para poder contribuir a la lucha contra la deforestación, como los de la región de Tomé-Açu, a 180 km de la capital, Belém, que en el siglo pasado vio la llegada de numerosos inmigrantes japoneses. Uno de sus descendientes, Alberto Ke Iti Oppata, es ahora el director de la Cooperativa Agrícola Mixta de Tomé-Açu (Camta). “Necesitamos una línea de crédito más ágil y rápida para ayudar a los agricultores familiares. Porque hoy en día no basta con obtener financiación para realizar inversiones”, explica Oppata a Infobae. “Nuestra cooperativa existe aquí desde hace 93 años, mientras que acabamos de celebrar los 96 años de inmigración japonesa en la región. En estos últimos 96 años, hemos experimentado el cambio climático en nuestra propia piel, hemos percibido un aumento de la temperatura de más de un grado”, dice a Infobae. Oppata recuerda que en 2024 su cooperativa sufrió la peor sequía de la región, con algunas zonas que estuvieron seis meses sin lluvia. Una situación tan grave que provocó incendios debido a rayos u otras chispas. “¿Cómo resolver este problema? A través del riego, para que los pequeños agricultores tengan acceso al crédito mediante líneas de financiación para el riego. Pero existe el problema de los derechos de agua y las licencias medioambientales, porque aquí tenemos una legislación que establece que, quien lo hacía ya antes de 2008, podemos trabajar hasta el 50% de las tierras; en otras zonas es el 20%, es decir, manteniendo el 80% del bosque y trabajando solo el 20%. Esto significa que de 20 hectáreas, solo se pueden cultivar 4. El problema es que nadie puede mantener a su familia con 4 hectáreas”, dice Oppata.
Durante la cumbre de líderes, Marina Silva se sentó siempre en la segunda fila, a pesar de que, en su calidad de ministra de Medio Ambiente, su papel era simbólicamente central. El hecho de que la esposa de Lula, Rosangela da Silva, conocida como Janja, se sentara en primera fila junto a su marido no pasó desapercibido. “Janja tuvo más relevancia (...) Marina Silva no gozó del mismo prestigio que Janja y se sentó en segunda fila”, comentó el sitio web de noticias Poder360. La primera dama también fue criticada por el lujoso yate en el que ella y su marido se alojaron durante la cumbre de líderes de la semana pasada, un gasto que el palacio presidencial de Planalto ha sellado. El motor del yate, producido en Brasil, consume 50 litros de gasóleo por hora de navegación. El combustible es considerado uno de los más contaminantes. El barco navega entre 20 y 30 km por hora. Y la ruta entre las dos capitales por río Amazonas es de 1.650 km entre Belém y Manaos, la capital del Estado de Amazonas. Teniendo en cuenta los 5 días de salida y los 7 días de regreso, el consumo debería rondar los 4.000 litros de gasóleo, detalla Poder360.
Además de la importancia del petróleo para Brasil, otro tema ha puesto de relieve las contradicciones de la agenda verde de Lula. De hecho, para el inicio de la COP30, el país latinoamericano no ha logrado presentar su plan de acción nacional sobre cómo pretende reducir o eliminar el mercurio, un metal tóxico procedente del sector minero, plan que lleva cinco años de retraso. El ejecutivo brasileño se limitará en los próximos días a anunciar un plan en el sector de la salud dental con una reducción gradual de las amalgamas para 2030. Precisamente la semana pasada se celebró en Ginebra, Suiza, la 6ª Conferencia de las Partes del Convenio de Minamata, en Japón, también conocida como COP6, en la que el Gobierno brasileño se limitó a solicitar fondos internacionales para combatir el uso del mercurio en la minería artesanal de oro, casi siempre ilegal, sin presentar ningún plan.El mercurio se utiliza para separar las partículas de oro de las impurezas, pero es muy nocivo para la salud humana y el medio ambiente. El Convenio de Minamata, en vigor desde 2017, prohíbe la apertura de nuevas minas de mercurio, establece plazos para eliminar gradualmente su uso en productos como lámparas, pilas y termómetros, e impone a los países la obligación de desarrollar planes para limitar su uso en la minería artesanal y a pequeña escala del oro. Según la organización no gubernamental Instituto Escolhas, en los últimos cinco años se habrían utilizado 185 toneladas de mercurio ilegal en el país. En la actualidad, los controles en Brasil se financian únicamente con recursos nacionales. Para el pueblo yanomami, por ejemplo, el Gobierno ha gastado 8 millones de reales (1,5 millones de dólares) en tres años, pero un proyecto estructurado requeriría alrededor de 5 millones de dólares al año. La ministra Marina Silva ha intentado que su ministerio sea el punto de referencia para la coordinación del plan, pero sin éxito. Por el momento, su elaboración sigue en manos del Ministerio de Minas y Energía.Fuente: telam
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