La represión también alcanzó a los hermanos Manuel Caballero Oduardo y Yunia Jazmín Caballero Oduardo, de 21 y 19 años, respectivamente. Ambos fueron detenidos tras un desalojo forzoso en un contexto de vulnerabilidad habitacional y enfrentan condenas de cuatro y dos años de prisión por “desacato” y “atentado”, delitos que, según la organización, son utilizados para criminalizar la protesta y castigar a ciudadanos en situación de precariedad. Los testimonios recogidos indican que la policía actuó con violencia desproporcionada y que el proceso se desarrolló sin garantías judiciales.

El caso de Luis González Martínez ilustra la extrema vulnerabilidad de los presos de conciencia en Cuba. Detenido sin tutela judicial, González Martínez padece dengue y hematuria, y ha sido víctima de agresiones físicas dentro de la prisión. Su esposa manifestó temor por su vida, mientras las autoridades penitenciarias le niegan los cuidados médicos urgentes que requiere. El reporte denunció que “fue golpeado por agentes y por reclusos bajo órdenes de la seguridad del penal, lo que constituye un acto de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, prohibidos por el derecho internacional”.

El activista Virgilio Mantilla Arango, de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, fue víctima de reiteradas detenciones y procesos judiciales politizados. Su última detención, en octubre, está vinculada al delito de “propaganda contra el orden constitucional” tras difundir videos sobre la situación social y económica del país. Mantilla, que padece problemas de salud crónicos, denunció negaciones en la atención médica y condiciones de reclusión paupérrimas.