>La disputa por la administración y el dominio de los recursos hidroeléctricos en la provincia sumó un capítulo clave en las últimas horas tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de admitir el reclamo formulado por el gobierno de Chubut contra el Estado nacional en torno a la represa Futaleufú.

El eje de la controversia gira en torno a dos normas centrales del marco regulatorio eléctrico argentino: la ley 15.336 y la ley 24.065. Según argumenta la administración provincial, estas disposiciones vulneran de manera “manifiestamente ilegal y arbitraria” el derecho constitucional de las provincias a disponer de los recursos naturales localizados en su jurisdicción, entre ellos los cursos de agua y las fuentes de energía hidroeléctrica. La presentación fue impulsada por el gobernador Ignacio “Nacho” Torres junto al fiscal de Estado, Andrés Giacomone, y solicita que se declare la inconstitucionalidad de las leyes nacionales en disputa, sobre la base de que afectan la facultad provincial para decidir sobre la gestión y el futuro de la central.

La central hidroeléctrica Futaleufú se ubica en el noroeste chubutense y comenzó a operar en 1978, con la finalidad original de abastecer a la planta industrial de Aluar en Puerto Madryn. Con el paso de las décadas, se consolidó como uno de los principales reservorios de energía eléctrica de la Patagonia, desempeñando un papel vital en la seguridad energética y en el abastecimiento tanto local como nacional. La infraestructura y la administración de la represa constituyen además un elemento simbólico en la discusión sobre el federalismo energético, ya que varias provincias patagónicas reclaman mayor participación en la toma de decisiones sobre sus recursos.