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30/10/2025

El temor del después: Brasil en alerta por lo que pueda suceder tras la “Operación Contención” de Río de Janeiro

Fuente: telam

Tras el recuento de los muertos, más de 120, para todo el país ha comenzado el tiempo de la espera, marcado por una pregunta: “¿qué pasará ahora?”

>El temor, que aumenta con el paso de las horas, es el de una posible represalia del Comando Vermelho. Uno de los principales líderes del grupo y primer objetivo de la operación del martes en el complejo de favelas do Alemao y da Penha, Edgar Alves Andrade, conocido como Doca da Penha o Urso, sigue prófugo. Nadie sabe dónde se esconde ni quién lo protege. Se teme que sea el primero en presionar para que se produzca una venganza, reavivando una mecha que Brasil ya conoció en 2006 en San Pablo.

También en Río de Janeiro, en las últimas horas, las autoridades han decidido trasladar a los reclusos que forman la cúpula del Comando Vermelho, la llamada “Comisión”, en total una decena de personas, a una prisión estatal de máxima seguridad en Río de Janeiro, Bangu 1, a la espera de trasladarlos posteriormente a una de las prisiones federales del país consideradas más seguras.

Fuentes de la investigación han declarado a Infobae que la reacción del Comando Vermelho a la operación policial de ayer, con drones bomba y armas de alto calibre, fue ordenada desde el interior de la prisión de Bangu III. El Comando Vermelho, al igual que el Primer Comando de la Capital (PCC), es una organización criminal que nace en las cárceles sobre las que, al igual que el PCC, ejerce un control interno. Ahora se teme que desde las cárceles pueda comenzar una serie de revueltas para desestabilizar el país.

Una cuenta de Instagram, gestionada por personas cercanas a Marcinho VP, criticó la operación. “Hoy Río se ha convertido en escenario de luto e indignación. La favela pide paz”, se lee en la publicación, que incluye una foto con los muertos en la operación.

En otra publicación compartida, el comentario es más duro. “Lo que ha ocurrido en Complexo do Alemão y Penha tiene un nombre: ¡masacre!”.

La posibilidad de una venganza del Comando Vermelho en Río en las próximas horas y días es alta, también porque el gobierno de Río, a pesar de la polémica, sigue defendiendo la operación. El gobernador, Cláudio Castro, del Partido Liberal (PL) de Jair Bolsonaro, declaró que “la operación ha sido un éxito”, y añadió que “las víctimas solo han sido los policías”, que han sido cuatro.

“Vale la pena recordar, para desmentir ciertas narrativas, que parece haberse producido una especie de milagro con estos cadáveres. Estas personas se encontraban en el bosque, equipadas con trajes de camuflaje, chalecos antibalas y armas. Ahora, muchos de ellos aparecen solo en calzoncillos o pantalones cortos, sin ningún equipo, como si hubieran atravesado un portal y se hubieran cambiado de ropa”, dijo Curi.

Mucho dependerá también de cómo actúen los demás grupos criminales y de cómo pretendan sacar partido de lo ocurrido. El territorio de Río es desde hace tiempo objeto de disputa con las milicias, grupos paramilitares formados por antiguos agentes de policía convertidos en narcotraficantes que tienen todo el interés en ocupar ahora el espacio dejado por sus enemigos.

El impacto político de la operación tampoco debe descuidarse, sobre todo a largo plazo. De hecho, el enfrentamiento con el Gobierno federal no cesa. Castro ha vuelto a criticar su falta de apoyo diciendo que ahora espera “integración y financiación”. “No responderemos a ningún ministro o autoridad que quiera convertir este momento en una batalla política. El mensaje es: o se unen a la lucha contra la delincuencia o desaparecen”, afirmó.

Apenas unas horas después de la conclusión de la operación, Castro había polemizado diciendo que el Gobierno de Lula le había negado en tres ocasiones los blindados militares de la Marina brasileña. Según el sitio web de noticias Poder 360, entre los motivos del rechazo se encontraba el temor a que pudieran ser robados por los narcotraficantes.

Tras la operación, se celebró una reunión de emergencia en la sede del palacio presidencial de Alvorada, a la que, además de los ministros, asistió el director de la Policía Federal (PF), Andrei Rodrigues. Según Rodrigues, la institución que dirige ha sido contactada por la Policía Militar de Río de Janeiro “a nivel operativo” en relación con una “gran operación” que se llevaría a cabo en la ciudad.

Sin embargo, la valoración de los altos mandos regionales de la Policía Federal fue que la operación “no era razonable” y no se ajustaba a su modus operandi. “Esto crea una situación políticamente embarazosa para el Gobierno federal. El Gobierno federal no sabe cómo reaccionar. ¿Veinticuatro horas después de la operación policial más letal con repercusión internacional, la medida es enviar a dos personas a hablar con el gobernador?”, declaró el comentarista de la cadena de televisión Globo Octavio Guedes, refiriéndose a la delegación enviada por el Gobierno federal a Río.

Además del ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, figuran la ministra de Igualdad Racial, Anielle Franco, y la de Derechos Humanos, Macaé Evaristo, además del director general de la PF, Rodrigues. Ayer por la noche, Lewandowski anunció junto con Castro la creación de una oficina de emergencia para la lucha contra el crimen organizado, aunque no se han dado detalles sobre su funcionamiento.

El presidente brasileño se limitó a publicar un mensaje en X a última hora de la noche. “No podemos aceptar que el crimen organizado siga destruyendo familias, oprimiendo a los residentes y difundiendo drogas y violencia en las ciudades. Necesitamos un trabajo coordinado que golpee la columna vertebral del narcotráfico sin poner en peligro a agentes de policía inocentes, niños y familias”, escribió.

No es casualidad que el Congreso haya decidido entrar en el debate anunciando la apertura de una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) sobre la operación de Río de Janeiro. El presidente del Senado, Davi Alcolumbre, del partido Unión Brasil, ha anunciado que los trabajos comenzarán el próximo martes, 4 de noviembre.

Mientras tanto, el juez del Tribunal Supremo Federal (STF) Alexandre de Moraes, también ponente del proceso contra Bolsonaro por acusación de golpe de Estado, ha convocado, a petición del Consejo Nacional de Derechos Humanos, al gobernador Castro para el próximo 3 de noviembre para que explique todos los puntos de la operación.

Pero la incógnita sigue siendo Estados Unidos. Tras el desbloqueo del diálogo entre Lula y Trump el pasado domingo en Kuala Lumpur (Malasia), sobre todo con vistas a la eliminación de los aranceles contra Brasil, la operación de Río de Janeiro pone el foco en un tema que en los últimos meses ha creado fricciones entre los dos Gobiernos.

Por su parte, Estados Unidos justifica esta medida como un instrumento para imponer sanciones mucho más severas. En diciembre de 2021, el Departamento del Tesoro ya había sancionado al PCC junto con otras organizaciones criminales como los Guerreros Unidos de México. Ahora, precisamente el caos de Río de Janeiro podría aumentar las tensiones.

En su perfil X, Martin De Luca, el abogado estadounidense cercano a Donald Trump que representa a Trump Media y a la plataforma Rumble, ya escribió que “lo que está sucediendo en Río era inevitable. El Gobierno federal se ha quedado paralizado o no ha estado dispuesto a enfrentarse al PCC y al Comando Vermelho”, para luego añadir que “el Gobierno de Lula se ha negado” a aceptar la propuesta de Washington en nombre de la “soberanía”. “El Gobierno federal brasileño debe decidir qué tipo de soberanía quiere, la que protege a la población o la que protege a los delincuentes”, concluyó De Luca.

Fuente: telam

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