>Pasó desapercibido en el Senado, pero un plenario de comisiones realizado la semana pasada describió a la perfección la guerra subterránea que transitan provincias agrícolas versus petroleras por el futuro de los biocombustibles -etanol y biodiesel-, con legisladores que agitan proyectos para elevar los cortes y otros que ya muestran sus armas para frenar los cambios en cuestión, mientras que el Gobierno libertario sugirió una tregua hasta 2027.

El funcionario explicó, según consta en la versión taquigráfica: “Los proyectos que se están discutiendo hoy aquí proponen incrementos de corte de hasta el 15 o 18%, dependiendo del proyecto que se trate, y la aplicación de mecanismos de determinación de precios con referencia a paridad e importación”.

Veller advirtió: “Para tener otra referencia, en cinco años, la propuesta del 18%, por tomar un ejemplo, equivale a un impacto superior en las cuentas públicas del Estado Nacional de USD 4.000 millones de dólares para ambos biocombustibles”. En esta línea, añadió: “La forma en que está concebido el proyecto actual genera ciertos, vamos a llamarlos, ‘privilegios’ -vamos a evitar la palabra ‘protección’- prácticamente a perpetuidad de acuerdo con el texto actual, imposibilitando la posibilidad de fomentar la eficiencia, la innovación y la libertad de mercado en esta industria de los biocombustibles”.

Tras resaltar la importancia en cuanto a “certidumbre” y “planificación” para “poder decir que, a partir de cierto momento, va a ser tal el corte”, Veller deslizó: “Entendemos que ese momento, un momento posible, podría ser 2027, incrementando el corte de etanol de un 12% actual a un 15% y de un 7,5% actual del biodiesel a un 10%. ¿Por qué 2027 y no ahora? Bueno, ustedes saben que la piedra angular muy importante de esta Administración es el equilibrio fiscal. Por eso, tratamos de minimizar cualquier impacto que pueda haber en el cortísimo plazo hasta tanto las principales variables macroeconómicas se estabilicen. También, nos gustaría -y creemos sumamente importante- generar una transición gradual hacia un mercado libre de biocombustibles. Y proponemos seis años para esa adecuación. No queremos hacerlo libre de la noche a la mañana”.