>La Junta Electoral Nacional del distrito Buenos Aires resolvió rechazar el pedido de reimpresión de los afiches de listas completas solicitado por la alianza La Libertad Avanza, en el marco de las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre. La decisión fue firmada por el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, Jorge Eduardo Di Lorenzo, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Hilda Kogan, y el juez federal con competencia electoral, Alejo Ramos Padilla, se fundamentó en la imposibilidad material, extemporaneidad y falta de sustento jurídico del planteo.

Luego de la negativa a la reimpresión de boletas, el apoderado de La Libertad Avanza, Alejandro Carrancio, presentó el 11 de octubre un nuevo pedido: la reimpresión de los afiches de listas completas, con el objetivo de adecuar ese material gráfico a la lista reordenada de candidatos. La Junta Electoral corrió traslado a las demás agrupaciones políticas y solicitó informes técnicos y de costos al Ministerio del Interior.

El informe del Ministerio del Interior precisó que la impresión de los 40.000 afiches requeridos demandaría un plazo de hasta 48 horas desde la aprobación del modelo, más 24 horas para la entrega, y que el costo total ascendería a $7.046.800,00 para la totalidad de las unidades, a razón de $176,17 por afiche.

En su análisis, la Junta Electoral subrayó que el pedido de reimpresión resultaba materialmente imposible en el estado actual del proceso electoral. Explicó que la llegada de una nueva tirada de afiches implicaría reabrir bolsines ya cerrados, recuperar material entregado, reasignar recursos logísticos y reprogramar todo el circuito de entrega, con el consiguiente riesgo de errores, demoras y afectación de la trazabilidad del material electoral. En palabras del acta, “no se trata, entonces, de una cuestión de conveniencia o de costos, sino de una imposibilidad material: las condiciones temporales y logísticas ya no permiten retrotraer etapas concluidas sin poner en riesgo la transparencia y regularidad del proceso electoral”.