>Costa Rica vive un momento decisivo en materia de justicia. El aumento de causas acumuladas, los tiempos de resolución, la gran deuda en asuntos tan sensibles como la violencia sexual y de género, y la creciente presión del crimen organizado exigen actuar con urgencia, pero también con profundidad. No se trata de reformar por impulso, sino de repensar el sistema judicial para que vuelva a ser el punto de encuentro entre la ley, la confianza ciudadana y la seguridad democrática.

La justicia no solo debe ser independiente, sino que también debe parecerlo. Esa doble condición asegura la legitimidad necesaria para fortalecer el Estado de Derecho. En una democracia madura, la independencia judicial no se mide solo por lo que dictan las leyes, sino también por la conducta cotidiana de quienes administran justicia. Cada fallo, cada decisión procesal, cada investigación debe transmitir imparcialidad. Esa es la base sobre la que se construye la confianza pública.

Para cumplir una tarea de esta dimensión, necesitamos un debate amplio, informado y transparente. No se trata solo de aprobar leyes o ajustar reglamentos, sino de construir un consenso que permita que la justicia funcione mejor sin perder sus equilibrios esenciales. Una reforma de esta magnitud debe involucrar a la mayor cantidad de actores en la disposición de un debate serio poniendo al país por delante.

La reforma judicial, por tanto, debe ser también una reforma desde la dimensión de la seguridad. No se puede seguir postergando la inclusión y ampliación de los medios necesarios para investigar e intervenir con rapidez en el intento de detener actividades criminales o sancionarlas como un mensaje claro. Modernizar la justicia penal, permitir el acceso oportuno a información financiera y fortalecer la cooperación internacional son pasos necesarios para combatir economías criminales cada vez más sofisticadas. Las circunstancias exigen actuar frente a un enemigo común: el crimen que desestabiliza y amenaza la convivencia democrática.