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04/10/2025

El Senado de Bolivia aprueba una ley para cesar a magistrados judiciales “auto prorrogados”

Fuente: telam

La norma avala que los tribunales Constitucional y Supremo de Justicia funcionen solo con los magistrados electos en 2024. El proyecto fue remitido a la Cámara de Diputados

>La Cámara de Senadores en Bolivia aprobó un proyecto de ley con el objetivo de recomponer la institucionalidad de los altos cargos del Órgano Judicial. A través de esta norma, que aún debe ser aprobada en Diputados, se cesarán a los magistrados cuyo mandato caducó y se avalaría el funcionamiento del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) solo con los jueces electos en diciembre de 2024.

El origen de este proyecto tiene que ver con el funcionamiento del Órgano Judicial desde la Desde entonces se han realizado tres votaciones, en 2011, 2017 y 2024, la última con retraso de un año debido a una serie de postergaciones: inicialmente por falta de consensos en la Asamblea Legislativa Plurinacional para la convocatoria y luego por una seguidilla de recursos judiciales que obligaron a modificar reglamentos y ajustar la normativa.

Ese retraso hizo que las autoridades judiciales electas en 2017 se “auto prorrogaran” en sus cargos hasta la elección de sus sucesores, bajo el argumento de que no podían haber acefalías en el poder judicial. La extensión arbitraria de su mandato tuvo el respaldo del Gobierno de Luis Arce, pero abrió el debate sobre la legalidad de sus resoluciones, con las cuales entorpecieron el proceso de elección de nuevos magistrados, limitaron facultades de la Asamblea Legislativa e influyeron en el ordenamiento político nacional.

Sin embargo, cuando el proceso estaba en marcha y faltaba poco más de un mes para la votación, una sala constitucional declaró desierta la convocatoria para la elección de magistrados del TSJ en los departamentos de Beni y Pando, y asumió la misma medida para el TCP en Pando, Cochabamba, Santa Cruz, Beni y Tarija.

Pese al rechazo generalizado por esta determinación que vulneró el principio de preclusión electoral, la votación se llevó a cabo de manera parcial y se suspendió la renovación de siete magistrados: dos del judicial y cinco del constitucional, entre ellos los que habían decretado parcialmente desierta la convocatoria.

En ese sentido, dos tribunales están integrados por los “auto prorrogados”, cuyo mandato venció en 2023, y las nuevas autoridades judiciales, posesionadas en enero de 2025.

El artículo 2 estipula que la aplicación de la ley es “excepcional y temporal” mientras dure el proceso de preselección y elección de las nuevas autoridades judiciales de los tribunales donde la elección fue declarada desierta casi al final del proceso electoral. En tanto, el artículo 3 garantiza el funcionamiento de ambas instancias solamente con los magistrados electos en diciembre de 2024.

Fuente: telam

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