28/09/2025
Las tres veces en que la sede de gobierno de Ecuador se trasladó fuera de Quito
Fuente: telam
Esto ha sucedido solo en momentos de graves crisis políticas
>En tres momentos históricos, los presidentes del Ecuador decidieron trasladar temporalmente la sede del Gobierno de Quito hacia otras ciudades del país. Los episodios ocurrieron en 1859, en medio de la guerra con Perú; en 2019, durante las protestas contra Lenín Moreno; y en 2025, bajo la administración de Daniel Noboa. Cada traslado respondió a circunstancias de crisis política, social o militar que pusieron en riesgo la gobernabilidad.
La Constitución establece que, en circunstancias excepcionales, el Ejecutivo puede trasladar temporalmente su sede. No se trata de modificar la capital del país, sino de asegurar el funcionamiento del gobierno en escenarios de crisis. La medida se ha aplicado de manera limitada en la historia nacional y siempre bajo carácter transitorio.
El primer antecedente se registró en 1859, cuando Ecuador enfrentaba simultáneamente la guerra con Perú y un conflicto interno que derivó en la llamada guerra civil de 1859-1860. El presidente Francisco Robles, presionado por la invasión peruana y la oposición conservadora que rechazaba el Tratado de Mapasingue, decidió trasladar el gobierno de Quito a Guayaquil. La medida buscaba organizar la defensa desde la principal ciudad portuaria y sostener el poder ejecutivo frente al asedio político y militar. Sin embargo, la situación se deterioró rápidamente. La fragmentación territorial dio lugar a jefaturas supremas rivales en Quito, Cuenca y Loja, mientras que en Guayaquil surgía el liderazgo de Guillermo Franco. Robles, debilitado, debió renunciar y partió al exilio en Chile. El desenlace de la crisis derivó en el ascenso de Gabriel García Moreno, quien unificó el Estado bajo la bandera conservadora, anuló el tratado con Perú y consolidó una nueva etapa política en el país.El traslado de 1859 se inscribió en un contexto internacional complejo. Ecuador había ofrecido territorios amazónicos a acreedores británicos como parte de pago de la deuda de la independencia, lo que desencadenó la reacción militar del Perú y el bloqueo del puerto de Guayaquil. La crisis, que se convirtió en guerra abierta, mostró la fragilidad institucional del país y el peso de los conflictos derivados de disputas territoriales y compromisos financieros heredados de la época independentista.En ese contexto, el Ejecutivo decretó el estado de excepción y decidió trasladar la sede de gobierno a Guayaquil, desde donde Moreno despachó durante ocho días en medio de la crisis. Reportes oficiales señalaron más de 1.300 detenidos, al menos once fallecidos y centenares de heridos en el marco de las protestas. La mediación de Naciones Unidas permitió un acuerdo con la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), que derivó en la derogación del Decreto 883 y en el retorno del presidente a Quito. El episodio dejó en evidencia la fragilidad política del país y el costo de aplicar reformas económicas sin un consenso previo con los sectores sociales.
En septiembre de 2025, bajo la presidencia de Daniel Noboa, la historia se repitió. El gobierno anunció la eliminación del subsidio al diésel, lo que elevó el precio del galón de USD 1,80 a USD 2,80. La medida coincidió con la aprobación del proyecto minero Loma Larga en la zona de Quimsacocha, cerca de Cuenca, lo que provocó un estallido social encabezado por comunidades indígenas, campesinas, transportistas y colectivos ambientales. Las movilizaciones se extendieron por Quito, Guayaquil, Cuenca y otras ciudades, mientras se multiplicaban los bloqueos de vías. Ante la magnitud de las protestas, el Ejecutivo declaró el estado de excepción en seis provincias y trasladó la sede de gobierno a Latacunga el 13 de septiembre, despachando desde la Gobernación de Cotopaxi. La decisión tuvo un fuerte componente simbólico, pues se trataba de un territorio vinculado a dirigentes indígenas opositores como Leonidas Iza, uno de los principales críticos de la política oficial.El traslado en 2025 ocurrió en un clima de polarización política y de tensiones crecientes. La Corte Constitucional debatía la legalidad de un decreto para convocar a una Asamblea Constituyente, mientras el gobierno congelaba cuentas de dirigentes sociales. Al mismo tiempo, se registraban protestas en defensa del agua y contra la minería en el sur del país, sumando nuevas demandas a la coyuntura. Organismos internacionales como Human Rights Watch y medios extranjeros reportaron con preocupación la magnitud de las manifestaciones y el impacto de las reformas.
Fuente: telam
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