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20/09/2025

Polémica en Brasil por el proyecto de ley que blindaría a los congresistas ante la justicia: “Extiende una alfombra roja al crimen organizado”

Fuente: telam

El fiscal de Justicia de San Pablo, Roberto Livianu, explicó a Infobae los riesgos de este proyecto que fue votado por los bolsonaristas, los parlamentarios del Centro, y por 12 diputados del Partido de los Trabajadores de Lula. “Esta propuesta viola gravemente la Constitución”, advirtió

>La propuesta de enmienda constitucional para blindar los cargos políticos, votada el martes pasado en la Cámara de Diputados con 344 votos a favor y 133 en contra, ha sido irónicamente apodada “la PEC de los bandidos”, ya que limita la acción de la magistratura contra los parlamentarios. El proyecto fue votado por los bolsonaristas y los congresistas del Centro, el llamado Centrão, pero también por 12 diputados del Partido de los Trabajadores (PT) de Lula, entre ellos el vicepresidente nacional Jilmar Tatto. El núcleo de la propuesta es la reintroducción de la obligación del Tribunal Supremo Federal (STF) de obtener la autorización previa del Congreso para iniciar procedimientos penales contra diputados federales y senadores, norma que ya existía entre 1988 y 2001 y que fue abolida para favorecer la lucha contra la impunidad.

El texto votado esta semana podría tener repercusiones en 36 investigaciones que involucran a 108 diputados ante el STF. Además, beneficiaría directamente al hijo de Bolsonaro, Eduardo, quien junto con su padre está acusado de haber presionado a las autoridades estadounidenses por los aranceles a Brasil. También facilitaría tanto a los aliados como a los opositores del Gobierno, en particular en las investigaciones sobre la malversación de las llamadas enmiendas parlamentarias, es decir, fondos gubernamentales que no requieren rendición de cuentas.

Si la PEC también se aprueba en el Senado, se promulgará sin pasar por la presidencia. Sin embargo, se espera un litigio legal. El STF podría declarar inconstitucional, en su totalidad o en parte, la propuesta, que es más amplia y permisiva que la norma vigente entre 1988 y 2001. Mientras tanto, mañana están previstas manifestaciones en todo el país tanto contra la PEC del Blindaje como contra la propuesta de amnistía aprobada con carácter de urgencia el miércoles. En las redes sociales, el célebre músico brasileño Caetano Veloso ha criticado duramente el voto de los parlamentarios. “Debe haber una respuesta socialmente sana por parte de la sociedad brasileña. Una demostración de que la gran mayoría de la población brasileña no acepta algo así”, escribió Veloso. Junto con otras dos estrellas de la música brasileña, Chico Buarque y Gilberto Gil, ha organizado para mañana en Río de Janeiro un concierto de protesta.

Muchos piensan que la brecha entre la política y la sociedad civil se hace cada vez mayor debido a esta PEC. Según una reciente encuesta de Datafolha, 8 de cada 10 brasileños consideran que el Parlamento actúa más en favor de sus propios intereses que en favor de la sociedad.

“La nueva propuesta de enmienda constitucional es un insulto a los votantes y contribuyentes, cada vez más ávidos de transparencia en los asuntos públicos. Sobre todo cuando se trata de una estructura parlamentaria que consume 15.000 millones de reales (2.816 millones de dólares) al año y es una de las más caras del mundo”, se lee en un editorial del diario Folha de São Paulo.

“Un problema que ha surgido es la infiltración del crimen organizado en el proceso electoral, que lanza candidatos que luego controlan los ayuntamientos. En una reunión con los presidentes de los partidos, dije que es importante realizar controles. Hay un término estadounidense: “‘Conoce a tus clientes’”, afirmó. Sin embargo, Lewandowski niega que el principal grupo criminal del país, el PCC, pueda clasificarse como una mafia. Una postura diametralmente opuesta a la del principal fiscal al frente de la lucha contra el PCC, Lincoln Gakiya, quien hace unas semanas, durante un evento sobre seguridad organizado por la Universidad de San Pablo (USP), declaró a Infobae que “sí, el PCC es ahora una mafia”. En resumen, en materia de seguridad, las instituciones parecen seguir caminos diferentes. El problema es que el crimen organizado siempre va un paso por delante.

El lunes, por primera vez en años, el crimen organizado volvió a asesinar a funcionarios del Estado en Brasil. Se trata del ex comisario general de la Policía Civil de San Pablo, Ruy Ferraz Fontes, asesinado en Praia Grande, en la costa de San Pablo, por hombres armados con rifles. Según las investigaciones, casi con toda seguridad se trató de una emboscada del PCC, que Ferraz Fontes fue uno de los primeros en investigar a principios de la década de 2000. Hasta ahora, los únicos detenidos han sido el narcotraficante Luiz Henrique Santos Batista, conocido como Fofão, acusado de haber participado en la logística del atentado, y una mujer que habría transportado una de las armas utilizadas. Los otros tres delincuentes contra los que se ha dictado orden de captura siguen en paradero desconocido, mientras que la Policía Civil de San Pablo ha rechazado la oferta de ayuda de la Policía Federal en la investigación.

Mientras tanto, tras la ejecución de Ferraz Fontes, se ha acelerado el debate sobre la PEC de Seguridad Pública que se está discutiendo en la Cámara de Diputados. El ponente de la PEC, el diputado Mendonça Filho, del partido Unión Brasil, ha decidido ampliar el texto e incluir medidas específicas para combatir el crimen organizado. Entre ellas figuran la posibilidad de confiscar anticipadamente los bienes de los grupos delictivos, la opción de encarcelamiento en segunda instancia, antes de la sentencia definitiva, la garantía de anonimato a los jueces que juzgan a los líderes de los grupos delictivos y medidas reforzadas de protección para las autoridades y las fuerzas del orden amenazadas.

Durante la primera audiencia de la comisión especial, el ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, prometió un paquete de leyes complementarias, con instrumentos para golpear las finanzas de las facciones y legalizar el uso de agentes infiltrados, siguiendo el modelo de Italia y Estados Unidos. También defendió la necesidad de garantizar la protección de los policías y funcionarios que están en primera línea contra las organizaciones criminales, subrayando que medidas de este tipo podrían haber salvado la vida de Fontes. Lewandowski también declaró que quiere concentrar los esfuerzos con el Congreso para aprobar un amplio paquete anticrimen, integrando varios proyectos que ya se encuentran en fase avanzada de discusión, de los cuales el Gobierno apoya alrededor del 90%.

Fuente: telam

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