16/09/2025
Presupuesto 2026: qué va a pasar con las jubilaciones el año que viene según un ex titular de la ANSES
Fuente: telam
Expectativas por las proyecciones estatales para el próximo ciclo y los efectos de la desaceleración de precios en los ingresos previsionales
>El futuro de las jubilaciones en el contexto del Presupuesto 2026 se instaló como tema de análisis tras la difusión de los lineamientos estatales para el año próximo y las apreciaciones del ex titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Osvaldo Giordano. La discusión se centra en las partidas para el sistema previsional, en un escenario que combina la intención oficial de reforzar áreas sensibles y la dinámica del proceso inflacionario.
Giordano profundizó sobre la forma en que se actualizan los haberes y señaló que «la jubilación se ajusta por la inflación de dos meses para atrás». De este modo, en la medida en que la inflación baje, «el ajuste tiende a ser mayor a la inflación de cada mes». Según su análisis, el aumento previsto responde a una proyección que contempla una reducción en la inflación desde el 20% y pico actual al orden del 10%.
El análisis de Giordano también alcanza a las pensiones y otros gastos sociales. Expresó que la lógica se replica en esos sectores: la baja de la inflación y una economía en crecimiento abren un margen acotado para ampliar recursos, aunque sin contemplar cambios drásticos en el corto plazo para los montos que reciben los beneficiarios.
Este posicionamiento expone las tensiones y expectativas en torno al Presupuesto 2026. Las partidas destinadas a la seguridad social y las jubilaciones aparecen entre las prioridades dentro de la estructura general, que según la presentación oficial del Gobierno, busca atender necesidades básicas, financiar políticas de ayuda y sostener el poder adquisitivo en sectores vulnerables.De acuerdo a la información oficial suministrada en el documento de presentación, el Gobierno prevé un marco de acción en el que el gasto en jubilaciones y pensiones mantiene un peso destacado respecto del total del presupuesto consolidado nacional. A su vez, el Estado se compromete a acompañar el proceso de desinflación proyectado para el próximo ciclo, lo que juega un papel esencial en el mecanismo de ajuste de haberes por movilidad.Dentro del proyecto presupuestario para 2026, el Gobierno nacional incluye una actualización de partidas para el sistema previsional, explicitando que se contempla un incremento global orientado a sostener a los jubilados frente a un escenario de menor inflación. Se señaló que estas medidas buscan respaldar a sectores que dependen de ingresos fijos, en línea con la evolución de la macroeconomía y las necesidades de cobertura social.En ese contexto, la estrategia del Gobierno apunta a optimizar el uso de fondos públicos, reasignar prioridades y asegurar el destino de los recursos en áreas consideradas críticas. En el caso de las jubilaciones, el diseño prevé que la actualización continúe articulada según la movilidad vigente, ampliando los ingresos a medida que los datos de precios reflejen la desaceleración proyectada.
En cuanto a los criterios adoptados para calcular los aumentos, la administración pública nacional sostuvo que el esquema elegido garantiza «previsibilidad para los beneficiarios» y confiere al Estado la posibilidad de administrar ajustes en función de la evolución real de la inflación. Esa previsión resulta fundamental en un esquema fiscal acotado, donde los recursos asignados deben responder a las demandas inmediatas y a los compromisos asumidos ante el conjunto de la sociedad.Se remarcó además que la atención a los jubilados y pensionados forma parte de un conjunto de objetivos estratégicos para 2026, en los que se integran otros ejes como la inversión en infraestructuras, transferencias a las provincias y municipios, refuerzo a la educación pública y mantenimiento de subsidios alimentarios. La estructura del gasto público diseñada para el próximo año busca dar respuesta efectiva a los sectores más expuestos a la variabilidad económica, ratificando la centralidad del presupuesto en la cobertura previsional y social.La presentación gubernamental puso blanco sobre negro la importancia de un contexto de inflación descendente para mejorar la capacidad real del sistema de jubilación para responder a las demandas de los beneficiarios. Con ese objetivo, el Gobierno definió como prioritario el sostenimiento de partidas destinadas a la seguridad social, las cuales condicionan el margen de actuación en el resto de las políticas públicas.
Las autoridades expresaron que la evolución de los haberes jubilatorios al compás de la inflación representa la vía adecuada para conservar el poder adquisitivo y garantizar que los ingresos de los beneficiarios no queden rezagados frente a los precios. Al mismo tiempo, remarcaron las restricciones existentes para adoptar medidas de mayor alcance en el marco de los compromisos de equilibrio presupuestario asumidos para el ciclo próximo.
Desde la perspectiva estatal, el compromiso de asegurar la cobertura a los jubilados se basa en la sostenibilidad de las finanzas públicas y en el acompañamiento gradual de los ingresos según la trayectoria inflacionaria. Además, el Gobierno reiteró que cualquier margen adicional disponible se orientará a reforzar las partidas en caso de variaciones imprevistas en el contexto económico, sin que esto implique aumentos generalizados automáticos.La política previsional para el ciclo próximo se apoya en la reducción de la inflación como motor para mejorar el ingreso real de los beneficiarios, de acuerdo a lo estipulado en el plan oficial. En el plano operativo, la asignación de recursos para el sistema sigue dependiendo de la capacidad del Estado para sostener los compromisos asumidos y responder al objetivo de proteger a los sectores considerados prioritarios.El Presupuesto 2026 asigna $212.288 millones para saldar deudas previsionales reconocidas judicial y administrativamente por ANSES, una cifra que representa un recorte nominal del 45% respecto a la prevista para 2025 y supone una reducción de casi el 60% descontando la inflación. En la práctica, esta partida alcanza para cubrir entre 35.000 y 40.000 sentencias al año, sobre un universo de 90.000 fallos firmes pendientes y un stock total estimado de 270.000 juicios en trámite.
El recorte afecta tanto a beneficiarios de haberes mínimos, que vieron congelado el bono extraordinario desde marzo de 2024, como a quienes cobran jubilaciones medias y altas, que acumulan un rezago respecto de los salarios activos y reclaman el pago adecuado de retroactivos, ajustes y sentencias favorables.
Fuente: telam
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