>La Sala I de la Cámara Federal de La Plata dictó una resolución que revirtió el escenario judicial en el conflicto entre el Ministerio de Justicia de la Nación y la Provincia de Buenos Aires por la recaudación de tributos en los registros seccionales del automotor. El tribunal dejó sin efecto la medida cautelar que había suspendido la aplicación de la Resolución Normativa 26/2024 de ARBA, mediante la cual se dispuso que los encargados de los registros continúen actuando como agentes de percepción de los impuestos Automotor y de Sellos en territorio bonaerense.

En su resolución, la Cámara repasó los argumentos esgrimidos por las partes. El juez de primera instancia había sostenido que ARBA carecía de facultades para designar a funcionarios nacionales como agentes de recaudación sin un convenio previo con el Ministerio de Justicia de la Nación. Según esa interpretación, la Resolución 26/2024 era ilegítima, ya que el convenio de 1991 que daba sustento a la operatoria había sido denunciado por la Nación en agosto de 2024.

La Cámara hizo lugar a estos planteos. Remarcó que los actos administrativos gozan de presunción de validez y que, para suspenderlos, las medidas cautelares deben cumplir requisitos estrictos. En este caso, los jueces señalaron que no se evidenciaba un daño cierto para el Estado nacional, mientras que sí existía un perjuicio inmediato y directo para el erario provincial si se mantenía la suspensión.