>La jueza María Daniela Ayala Álvarez, quien actualmente maneja el proceso por el asesinato de Fernando Villavicencio, enfrenta crecientes cuestionamientos por sus actuaciones y antecedentes. Desde la audiencia de formulación de cargos del 3 de septiembre de 2025, sus decisiones han generado dudas sobre la imparcialidad con la que conduce uno de los juicios más relevantes de la historia reciente de Ecuador. Una investigación de La Fuente – Periodismo de Investigación, medio fundado por el propio Villavicencio y hoy administrado por sus hijas, reveló que Ayala trabajó durante el correísmo y que mantiene vínculos con personajes implicados en causas de corrupción de alto perfil.

Las polémicas que rodean a Ayala no se limitan al pasado político y laboral. En 2024 estuvo en el centro de la controversia al negar prisión preventiva a un procesado por la difusión de más de 2.000 archivos de pornografía infantil, pese a la magnitud del caso y la cooperación internacional en la investigación. Su papel en el proceso por el magnicidio ha reavivado el debate: rechazó el pedido de la Fiscalía de ordenar prisión preventiva para todos los sospechosos y, en cambio, concedió a José Serrano, señalado como coordinador político del crimen, y a Xavier Jordán, identificado como financista, la obligación de presentarse semanalmente en consulados ecuatorianos. Solo a Ronny Aleaga, actualmente en Venezuela, y a Daniel Salcedo, ya recluido en Quito, se les dictó prisión preventiva.