31/08/2025
El preso político nicaragüense Carlos Cárdenas murió bajo custodia de la dictadura de Ortega: es el segundo en menos de una semana
Fuente: telam
Las autoridades sandinistas entregaron el cadáver del abogado a sus familiares tras quince días de desaparición forzada, y sin brindar explicación alguna sobre la causa del fallecimiento
>La dictadura de Nicaragua entregó el viernes el cuerpo sin vida del abogado Carlos Cárdenas Zepeda a sus familiares en Managua, luego de mantenerlo quince días detenido en condición de desaparición forzada.
La familia, no obstante, no ha ofrecido declaraciones públicas, debido al temor a represalias. Personas cercanas han confirmado que permanecen bajo estricta vigilancia del régimen, lo que explica el silencio forzado de los parientes.
Carlos Cárdenas Zepeda era un abogado con larga trayectoria en la función pública. Durante dos décadas trabajó en el Poder Judicial y en la Contraloría General de la República.
Ese mismo año fue secuestrado por paramilitares en su casa de Managua, permaneció detenido y sufrió acoso desde entonces. Su detención más reciente ocurrió hace quince días, cuando policías llegaron a su vivienda y lo sacaron sin orden judicial ni explicación alguna. Desde entonces permaneció en condición de desaparecido hasta que, este viernes, fue entregado muerto a su familia.
Organizaciones como la Gran Confederación Opositora y la Asociación Democrática de Abogados de Nicaragua calificaron el hecho como un crimen de Estado y una desaparición forzada.La muerte de Cárdenas ocurre apenas cuatro días después de que el lunes 25 de agosto Alonso estuvo 38 días desaparecido y finalmente su familia fue notificada para recoger el cuerpo en el Instituto de Medicina Legal. Tampoco en ese caso se informó la causa del deceso. Los parientes, además, recibieron la advertencia de realizar un sepelio exprés, sin velorio público y en ataúd cerrado, bajo la estricta vigilancia de la Policía.
“Estos no son incidentes aislados; forman parte de una serie de fallecimientos que cuestionan la responsabilidad del Estado en la protección de la vida de quienes están bajo su custodia”, explicó.
En su análisis, Morazán recordó que la ley penitenciaria de Nicaragua establece protocolos para proteger la vida y la dignidad de los privados de libertad. Sin embargo, en los casos de Alonso y Cárdenas se observa la ausencia de dictámenes medicolegales, la prohibición de autopsias independientes, restricciones a los familiares y la falta total de investigación transparente.La muerte de presos políticos bajo custodia del régimen no es un hecho aislado de esta semana. Desde 2019 al menos seis opositores han perdido la vida estando encarcelados o bajo arresto domiciliario en condiciones de aislamiento y hostigamiento.
El primero fue Eddy Montes, ciudadano nicaragüense-estadounidense asesinado el 16 de mayo de 2019 en la cárcel La Modelo por un guardia del penal, en circunstancias nunca esclarecidas.En febrero de 2022 El 30 de septiembre de 2024 El abogado Morazán subraya que se trata de un patrón común y sistemático. En todos los casos hay opacidad, entierros restringidos y prohibición de autopsias independientes. Tampoco hay investigaciones judiciales creíbles. Además, los reos fallecieron tras un deterioro de salud agravado por el aislamiento y la falta de atención. La repetición de estos elementos convierte las muertes en responsabilidad directa del régimen.
“Nos negamos absolutamente a normalizar esta práctica. Cada muerte bajo custodia estatal es un asesinato político. La vida de nuestros familiares está en riesgo permanente y el silencio oficial no es más que una confirmación de la crueldad con la que actúa este régimen”, leyeron en un comunicado.
Salvador Marenco, del Colectivo Nicaragua Nunca Más, advirtió que estas desapariciones forzadas se suman a la lista de crímenes de lesa humanidad perpetrados por el régimen y que deberán ser juzgados en el futuro.
“En este momento yo no sé si mi hijo está vivo o si está muerto. Vivo una incertidumbre con lo del señor Alonso, que fue entregado muerto a su familia después de 38 días de desaparición forzada. Entonces yo vivo la misma angustia porque no sé nada de mi hijo”, declaró a la plataforma Confidencial Rosa Ruiz, madre del médico Estrada Yerri Estrada, arrestado el 13 de agosto en el Hospital Amistad Japón-Nicaragua de Granada y de quien no se tiene noticias desde entonces.
Actualmente el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas en Nicaragua registra entre 52 y 54 personas encarceladas por motivos políticos. De ellas, 33 han recibido sentencia y 19 permanecen sin condena firme, algunas en condición de desaparición forzada.
“Se imagina cómo un custodio podrá justificar que alguien murió bajo su cargo sin haber una razón legal que lo sustente”, se pregunta Yader Morazán en sus comentarios.
“Toda muerte bajo privación de libertad debe investigarse exhaustivamente, preguntando y respondiendo: ¿Cómo ocurrió? ¿Qué se hizo para prevenirlo? ¿Quién era el custodio responsable? ¿Bajo qué justificación legal estaba detenida esa persona? La responsabilidad recae en el régimen”, concluyó.
Fuente: telam
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