La situación judicial de los principales actores de la crisis boliviana ha experimentado cambios en los últimos días. Jeanine Áñez permanece en detención preventiva, mientras que Camacho y Pumari recuperaron la libertad el 29 de agosto, tras casi 1.000 días de reclusión en el caso del gobernador cruceño. Camacho, quien estuvo en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro desde finales de 2022, obtuvo medidas sustitutivas como la prisión domiciliaria en cuatro procesos, incluido el denominado ‘golpe de Estado I’. Por su parte, Pumari recibió la “libertad pura y simple” en ese mismo caso y arresto domiciliario en otro proceso relacionado con la quema de una sede electoral en Potosí en 2019. La revisión de estas detenciones responde a una instrucción del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), presidido actualmente por Rómer Saucedo, para verificar el cumplimiento de los plazos de las medidas cautelares en los procesos contra Áñez, Camacho y Pumari.

Los antecedentes de los procesos judiciales se remontan a la crisis de 2019, cuando la renuncia de Evo Morales, presionado por las Fuerzas Armadas y la oposición, desencadenó protestas y una represión que dejó 37 muertos y más de 200 heridos. El Gobierno de Luis Arce y el MAS sostienen que se produjo un “golpe de Estado” contra Morales, mientras que los opositores argumentan que las movilizaciones respondieron a un fraude electoral. El juicio por el caso ‘golpe de Estado I’ avanzó con Camacho y Pumari como principales acusados por liderar las protestas poselectorales, mientras que Áñez fue apartada de este proceso en 2024 al haber sido ya juzgada y sentenciada a 10 años de prisión en el caso ‘golpe de Estado II’, por su asunción en la línea de sucesión presidencial.