>Ayer, el Senado brasileño dio luz verde al proyecto de ley ya aprobado por la Cámara de Diputados, conocido como de la “adultización” o ECA digital, en referencia al Estatuto del Niño y del Adolescente, una normativa en vigor desde 1990 que establece los derechos fundamentales de los niños y adolescentes, así como los deberes de la familia, la sociedad y el Estado en su protección. El estatuto se inspira en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989, ratificada por Brasil. La votación de ayer supone un paso adelante muy importante para el país, que ha respondido con rapidez a la alerta lanzada hace dos semanas por el influencer Felipe Brassanim Pereira.

Gracias a esta nueva ley, ahora las cuentas en las redes sociales de los menores de 16 años deberán estar vinculadas y conectadas a la de un padre o tutor responsable, que tendrá la posibilidad de gestionar la configuración de privacidad y supervisar las interacciones con adultos. Se pide a las plataformas que ofrezcan herramientas de control parental claras, en portugués y fáciles de usar. Estarán obligadas a verificar la edad real del usuario, sin basarse únicamente en la autodeclaración. Un punto importante de la nueva ley es, sobre todo, el filtrado de contenidos. Las plataformas tendrán la obligación de verificar el contenido sugerido a los perfiles de menores por sus algoritmos e impedir que les lleguen contenidos inapropiados, como pornografía, violencia o que inciten a la depresión, al suicidio o a trastornos alimentarios. También se prohibirán para este tipo de público los contenidos que anuncien apuestas y juegos de azar, bebidas alcohólicas y cigarrillos. Además, las plataformas no podrán utilizar herramientas que fomenten el uso compulsivo, como la reproducción automática de videos, las notificaciones constantes y las recompensas por el tiempo de permanencia en la plataforma.

Mientras tanto, la Justicia Laboral brasileña ha impuesto, mediante una orden cautelar, que Meta, propietaria de Facebook e Instagram, no pueda permitir la difusión de contenidos que configuren trabajo infantil sin autorización judicial previa. En caso de incumplimiento, las plataformas serán multadas con 50.000 reales (9.228 dólares) por cada niño o adolescente que se encuentre en situación irregular. La decisión fue tomada por la jueza Juliana Petenate Salles, de San Pablo, tras aceptar una demanda presentada el lunes por el Ministerio Público del Trabajo (MPT). Además del bloqueo inmediato, el MPT también solicitó que se condenara a la empresa a pagar una indemnización de 50 millones de reales (9,2 millones de dólares) por daños morales colectivos y a adoptar medidas concretas de prevención y control. En la decisión, la jueza ha destacado los riesgos inmediatos y graves relacionados con dicha exposición, desde los problemas de salud mental y física derivados de la presión para producir contenidos, hasta la exposición a los ataques de los haters y los daños a la autoestima. También se han subrayado las posibles repercusiones sociales y educativas, como las dificultades en los estudios y las limitaciones a la vida típica de la infancia. Además, se hizo hincapié en el hecho de que las imágenes difundidas en línea pueden copiarse y reutilizarse sin límites y de forma irreversible. Meta puede recurrir la decisión.

Los dos proyectos de ley propuestos por el ejecutivo son el de servicios digitales y el de competencia en los mercados. El primero introduce la responsabilidad directa de las plataformas y, por lo tanto, la obligación de eliminar inmediatamente, sin necesidad de una decisión judicial, los contenidos que promuevan delitos contra la soberanía nacional y el Estado de derecho, el terrorismo, la trata de personas y la violencia contra las mujeres y los niños. Además, las Big Tech tendrán la obligación de implementar herramientas de “identificación y eliminación inmediata” de estos contenidos. En caso de incumplimiento, la Autoridad Nacional de Protección de Datos (ANPD) tendrá amplios poderes de supervisión, regulación y sanción, pudiendo llegar a imponer multas de hasta el 10% de la facturación de las plataformas, la suspensión e incluso la prohibición de operar en Brasil. La propuesta de Lula exige una mayor transparencia, con auditorías independientes e informes públicos, una sede en Brasil con oficinas dedicadas al consumidor y acceso a los datos con fines de investigación científica.