>La Asamblea Nacional de Ecuador, controlada por el oficialismo, aprobó este martes la Ley de Transparencia Social, enviada por el presidente Daniel Noboa, que establece mecanismos de regulación y supervisión sobre las organizaciones sin fines de lucro.

La ley respalda un mayor control estatal sobre las actividades y los fondos de asociaciones, fundaciones y otras entidades civiles. Durante el debate en el Parlamento, la asambleísta oficialista Mishel Mancheno argumentó que la legislación responde a la necesidad de cerrar vías para el ingreso de recursos ilícitos.

Daniel Noboa defendió la decisión y aseguró que “algunas de estas entidades se han vuelto un mecanismo que impulsa la criminalidad y la minería ilegal”. La nueva normativa surge tras reiteradas denuncias oficiales sobre la presunta utilización de organizaciones sociales para ingresar dinero al país y “desestabilizar” su sistema político y económico.

Desde el oficialismo se afirmó también que el proyecto “es el resultado de un consenso amplio y legítimo”, ya que organizaciones y expertos participaron en su discusión en comisión. No obstante, la sesión y aprobación de la ley se dieron en un clima de tensión con la oposición y representantes de la sociedad civil, quienes consideran que la regulación abre la puerta a limitar la libertad de asociación y a restringir la labor de defensores de derechos humanos, líderes indígenas y colectivos sociales.