22/08/2025
Quedó firme la condena contra un ex subcomisario que integraba una banda dedicada a la venta de autopartes

Fuente: telam
Un fallo de la Corte Suprema cerró la última apelación presentada por la defensa de Roberto Salvático, quien recibió una pena de cuatro años y medio de prisión. La causa involucra a otros efectivos y civiles de Córdoba
>La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme este jueves la condena contra un ex subcomisario de la Policía de Córdoba, acusado de formar parte de una banda que robaba autos y los vendía por partes.
La defensa de Salvático apeló la sentencia hasta que el fallo llegó a la Corte Suprema, que se expidió en las últimas horas: fuentes judiciales informaron a Infobae que el tribunal compuesto por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, desestimó el recurso directo presentado por la defensa, al considerar que no reunía los requisitos formales.
Durante el juicio de 2019, la Justicia cordobesa también condenó al comisario retirado Alejandro Molina (quien ocupó el cargo de segundo jefe de Sustracción). Recibió la misma pena que Salvático.
Salvático y Molina negaron haber actuado de forma ilegal, pero escuchas y comunicaciones permitieron dar por probadas las maniobras, según una crónica publicada en aquel entonces por el diario La Voz.
Al momento de la condena en primera instancia, los policías colaboraban con delincuentes para obtener información, a cambio de favores y dinero, y facilitaban que la banda cometiera robos y vendiera vehículos o autopartes. El grupo delictivo era liderado por otras dos personas identificadas como Jorge “Cara de Papa” Fredes y Aldo Perea.Según la investigación, la organización se valía de datos reservados del sistema policial para negociar ilegalmente, cobrar honorarios irregulares y sacar ventaja de personas con conflictos judiciales y ocupaciones de terrenos.
Los involucrados ejercían la abogacía en paralelo a las tareas policiales oficiales y recibían sumas de dinero que representaban porcentajes relevantes sobre los inmuebles de cada operación. Unas once viviendas, estudios jurídicos y oficinas públicas fueron allanadas por pedido del fiscal Guillermo González.La investigación comenzó a partir de información aportada por la fiscal de Cosquín, Paula Kelm, quien conducía una causa paralela sobre otra banda dedicada a delitos de usurpación y estafas con inmuebles.
Ambos expedientes confluyeron cuando se comprobó el vínculo de un civil con los altos mandos ahora detenidos, entre ellos Ochoa Roldán. Los pagos exigidos a los supuestos damnificados iban entre el 20% y el 30% del valor de las propiedades, lo que permitía “arreglos” judiciales bajo la promesa de favores o reducción de penas.
Fuente: telam
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