>Solo en el día martes, las acciones de las principales entidades bancarias brasileñas perdieron 41.900 millones de reales (7.656 millones de dólares) en capitalización bursátil. Las acciones del Banco do Brasil fueron las más penalizadas (-6,03%), seguidas de Itaú, BTG Pactual, Bradesco y Santander. El índice financiero de la Bolsa de Valores (B3) perdió un 3,82%, el peor rendimiento desde enero de 2023, mientras que el índice bursátil Ibovespa cayó un 2,10%. El mercado reaccionó así a la decisión del juez del Tribunal Supremo Federal (STF), Flávio Dino, que estableció que las sentencias y sanciones procedentes del extranjero no pueden tener efecto automático en Brasil, sino que deben pasar por la homologación de la justicia nacional o por instrumentos de cooperación internacional. La medida está vinculada formalmente a procesos en el Reino Unido sobre los desastres mineros de Mariana y Brumadinho, en el estado de Minas Gerais. Sin embargo, el mercado la ha interpretado como una forma de limitar la aplicación de la Ley Magnitsky, que Estados Unidos ha aplicado recientemente al juez del STF Alexandre de Moraes, encargado del proceso por intento de golpe de Estado contra el expresidente Jair Bolsonaro.

Según informa el diario brasileño O Globo, el banco en el que los jueces del STF, al igual que muchos otros funcionarios públicos, reciben su salario es el Banco do Brasil, de propiedad estatal. Además de las actividades bancarias normales, también desempeña funciones de interés público, como el apoyo a la agroindustria, la financiación de programas sociales y el apoyo a las políticas gubernamentales. Lo que genera incertidumbre ahora es el hecho de que la formulación de la Ley Magnitsky para el caso brasileño es muy vaga y no especifica cómo se aplicarán las sanciones. Si se interpretara en el sentido de que cualquier vínculo bancario con Alexandre de Moraes constituye una violación, instituciones como el Banco de Brasil, que gestiona el salario del ministro, correrían el riesgo de ser excluidas del mercado estadounidense. En un comunicado emitido hace unas horas, el Banco do Brasil ha declarado que opera “en pleno cumplimiento de la legislación brasileña, las normativas de los más de 20 países en los que opera y las normas internacionales que regulan el sistema financiero”. En el texto también se afirma que la institución “está preparada para abordar cuestiones complejas y delicadas que implican normativas globales. El Banco supervisa constantemente estas cuestiones y recurre a asesoramiento jurídico especializado para garantizar que sus acciones se ajusten a las mejores prácticas en materia de gobernanza, integridad y seguridad financiera”.

Además, Moraes declaró ayer que “si los bancos deciden aplicar la ley Magnitsky en Brasil, no pueden hacerlo y pueden ser sancionados”, mientras que Flávio Dino afirmó que la caída en bolsa de las acciones de los principales bancos brasileños no tiene nada que ver con su decisión. “No pensaba que fuera tan poderoso”, ironizó. Malu Gaspar escribe en O Globo que “si la ofensiva (de Estados Unidos) se intensifica, los jueces (del STF) ya han debatido una respuesta aún más seria: bloquear los activos o las cuentas de las empresas estadounidenses con intereses en Brasil”.

El sector bancario brasileño ya se enfrenta a problemas por el significativo aumento de los impagos de sus clientes. Según los datos de Serasa, una de las principales agencias brasileñas de crédito y análisis financiero, publicados esta semana, en 2025 el impago de deudas alcanzó niveles récord en Brasil, con 77,9 millones de personas y 7,7 millones de empresas en mora, de las cuales 7,3 millones son micro y pequeñas empresas. Este aumento, según Serasa, es el más alto jamás registrado y representa un problema estructural para bancos, fondos e inversores. El fin en 2024 de los programas “Desbloquea Brasil” y “Desbloquea pequeñas empresas”, que habían facilitado las renegociaciones y la regularización temporal de las deudas, ha vuelto a disparar el número de morosos. Hoy en día, cada código fiscal (CPF) asociado a una persona con deudas impagadas registradas en las agencias de crédito tiene una media de cuatro deudas activas, lo que indica un ciclo recurrente de renegociación y nuevo endeudamiento.