>La Corte Suprema revocó días atrás un fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal que había declarado inconstitucional el impuesto interno mínimo que fija la ley para productos de tabaco y, de esta manera, dejó firme la obligación de todas las tabacaleras de pagar ese piso impositivo. La decisión dio por terminada la batalla judicial entre Tabacalera Sarandí, la empresa de Pablo Otero, conocido como “El Señor del Tabaco” y el Estado. Y, según fuentes oficiales, ahora el empresario deberá pagar casi 669 mil millones de pesos.

La disputa comenzó cuando la empresa Sarandí cuestionó los artículos de la ley que establecen un monto mínimo para el tributo, argumentando que la medida afectaba de manera desproporcionada a sus productos más baratos y “ultrabaratos”, encareciéndolos frente a las marcas premium y, según su argumento, poniendo en riesgo su viabilidad comercial.

En 2022, la Cámara le dio la razón a Tabacalera Sarandí y declaró inconstitucional la norma, al considerar que generaba un trato desigual y favorecía a la competencia. Sin embargo, la AFIP y la tabacalera Massalin Particulares apelaron ante la Corte.

El máximo tribunal destacó que este tipo de impuestos tienen también un fin “extrafiscal”: desalentar el consumo de tabaco por sus consecuencias sobre la salud. En ese sentido, citó criterios de la Organización Mundial de la Salud, que considera el aumento de los precios del tabaco como la medida más efectiva para reducir su consumo.