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15/08/2025

Ecuador: el Gobierno retiró el pedido de aplazamiento de la audiencia ante la Corte Constitucional

Fuente: telam

El Ejecutivo cambió su postura en el caso contra la Ley de Integridad Pública y solicitó mantener la fecha prevista, pero con comparecencia física ante los jueces

>El gobierno del presidente Daniel Noboa cambió su postura frente a la audiencia convocada por la Corte Constitucional (CC) en el marco de los casos relacionados con la acción de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica de Integridad Pública. Inicialmente, la Secretaría General Jurídica de la Presidencia había La petición consta en un escrito firmado por Stalin Santiago Andino González, secretario general jurídico de la Presidencia, y dirigido a los jueces de la Corte Constitucional. En el escrito inicial, el Ejecutivo solicitó aplazar la audiencia telemática de acción pública de inconstitucionalidad hasta que se cumpliera el plazo de quince días para responder a las acciones acumuladas, que habían sido notificadas el 8 de agosto de 2025.

Sin embargo, en el nuevo oficio remitido a la CC, Andino González señala: “desisto de dicho requerimiento, y solicito que la audiencia para el día previamente convocado sea presencial, toda vez que los asuntos que se tratarán son de interés nacional y requieren en el más alto nivel de garantía del principio de inmediación procesal”. El cambio de postura se ampara en los artículos 75 y 76, numeral 7, literales c) y h) de la Constitución, que establecen el derecho al debido proceso y a una justicia imparcial.

La Corte Constitucional había previsto que la diligencia se desarrollara en modalidad telemática, una práctica que el tribunal ha aplicado en distintas causas para optimizar tiempos y facilitar la participación de las partes, especialmente cuando intervienen representantes de varias instituciones. No obstante, el Ejecutivo argumenta que, dada la relevancia de la causa y el interés nacional que involucra, el formato presencial ofrece mayores garantías, especialmente en lo relativo a la inmediación procesal, es decir, la interacción directa entre las partes y los jueces durante la audiencia.

El caso principal, identificado como 52-25-IN, y los procesos acumulados se originan por la acción de inconstitucionalidad presentada contra la Ley Orgánica de Integridad Pública. Dicha normativa establece reglas y procedimientos para prevenir y sancionar actos de corrupción en el sector público, así como regulaciones sobre el ejercicio de funciones y la gestión de conflictos de intereses. La demanda cuestiona, entre otros aspectos, disposiciones que el Ejecutivo considera esenciales para el fortalecimiento de los mecanismos de integridad y control interno.

La controversia se intensificó tras la convocatoria del Gobierno a una Organismos internacionales, como la El 14 de agosto, la relatora de la ONU para la independencia judicial, Margaret Satterthwaite, vHasta el momento, no se ha confirmado la respuesta oficial de la alta corte.

Fuente: telam

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