>El Gobierno nacional allana el camino hacia la venta total o parcial de las empresas públicas. Para eso, la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC) aprobó un nuevo módulo digital en el sistema CONTRAT.AR para gestionar las privatizaciones de empresas estatales bajo la Ley 27.742 y la Ley 23.696, según la Disposición 29/2025 publicada este lunes en el Boletín Oficial.

El módulo, denominado “Privatizaciones Leyes Nros. 27.742 y 23.696”, habilita la gestión electrónica de licitaciones y concursos públicos para la venta de activos, acciones, cuotas del capital social, establecimientos productivos, locaciones, concesiones, licencias y permisos. La ONC estableció que los interesados deberán inscribirse y validarse como usuarios externos, siguiendo el procedimiento detallado en el Anexo I de la disposición, y aprobó los modelos de acta de Administrador Legitimado y declaraciones juradas obligatorias de habilidad para contratar, elegibilidad y beneficiario final.

Para los procesos vinculados a concesiones de obras e infraestructuras públicas y servicios públicos bajo la Ley 17.520, se utilizará el procedimiento de inscripción y validación de usuarios externos, aprobado por la Disposición ONC N° 84/24. Los ya registrados como Concesionarios Ley N° 17.520 podrán participar en los nuevos procesos sin necesidad de reinscribirse.

El Gobierno impulsa la De esa lista corta de empresas sujetas a privatización -en la Ley Bases original el oficialismo había incluido más de 30- hay tres que tienen sus cuentas con resultado positivo. Estas son: Corredores Viales, Intercargo y Nucleoeléctrica, que lograron excedentes financieros de $5.200 millones, $5.736 millones y $17.234 millones, respectivamente.

Nucleoeléctrica, que opera las centrales Atucha I, Atucha II y Embalse, disminuyó su superávit respecto al año anterior, pasando de $142.000 millones en el primer trimestre de 2024 a $17.200 millones en 2025. La compañía cuenta con una potencia instalada de 1.763 megavatios y su capital accionario se distribuye entre el Ministerio de Economía (79%), CNEA (20%) y Enarsa (1%).