26/07/2025
Cinco dirigentes de Camioneros no irán a juicio oral por un bloqueo, pero tuvieron que indemnizar a una pyme
Fuente: telam
Un tribunal les concedió la probation a Omar Pérez, hombre de confianza de Hugo Moyano, y a otros cuatro sindicalistas, acusados de extorsión en grado de tentativa contra un empresario de Trenque Lauquen
>Omar Pérez, dirigente de confianza de Hugo Moyano, y otros cuatro representantes del Sindicato de Camioneros zafaron la semana pasada del juicio oral por haber extorsionado en 2020 al dueño de una pyme de Trenque Lauquen, al que le bloquearon la empresa para exigirle el pago de una deuda que no existía.
No es el final que esperaba Castell ni tampoco su abogada, Florencia Arietto, para este caso. Se trató de una resolución firmada por el presidente del tribunal, Gustavo Rofrano, que suspendió el juicio oral, cuya primera audiencia estaba citada para el 6 de junio, y, pese a la evidencia reunida en la causa, accedió al pedido de Javier Moral, abogado de Camioneros, de otorgarles la probation a Omar Pérez, Omar Dutrá (secretario de Logística del gremio), Diego Emanuel Coria, Jorge Fabián Aguirre y Matías Ezequiel Paz.
Esta causa es importante porque Pérez es de extrema confianza de Hugo Moyano desde su condición de secretario de Políticas de Transporte del Sindicato de Camioneros y secretario Gremial de la Confederación de Trabajadores del Transporte (CATT).El tribunal aceptó los argumentos utilizados por el abogado del sindicato: “Los imputados contaban con arraigo, eran padres de familia, contaban con trabajo y no tenían antecedentes penales, a lo que se sumaba la calificación legal del delito que se les imputaba” (extorsión en grado de tentativa, que el Código Penal reprime con reclusión de 5 a 10 años).En diálogo con Infobae, Castell señaló: “No me importa la plata. Ellos se declararon culpables en todo y no van a juicio. Quería que fueran juzgados como tiene que ser, pero la que no se animó a jugarse fue la Justicia”.
Arietto cree que se trató de “una medida positiva >“Nos pareció importante sentar un precedente -dijo a Infobae-. Primero, que lo que hicieron no es gratis y segundo, que se pagó el daño al reconocer el delito. Eso es un delito económico porque si bien extorsionan, estaban pidiéndole plata (a Castell) para dejarlo trabajar. Entonces, ante la adversidad de la jurisprudencia penal respecto de estos delitos, y como es muy complejo porque nos tuvieron dos años para citar a juicio, fue importante sentar un antecedente que protege a Andar y deja jurisprudencia para otras empresas. Nosotros ahora tenemos la jurisprudencia de que, como mínimo, cualquier bloqueo termina en probation. Ya no es gratis >La abogada mencionó un riesgo si se oponía a la probation: “Si apelaba la decisión, el paso del tiempo podría haber llevado a la prescripción de la causa. Al aceptar la probation, les quedó una causa abierta y están a prueba durante un año y medio. Pérez tiene que pedir permiso para salir del país, acreditarse una vez por mes en el Patronato de Liberados, hacer tareas comunitarias y pagar 1 millón y medio de pesos >En la audiencia en la que se concedió la probation, según Arietto, el abogado de Pérez pidió que el sindicalista fuera sobreseído, pero el juez advirtió que no se discutía ese punto y destacó que por la falta de antecedentes de los imputados iba a disponer la suspensión del juicio.Los cinco dirigentes estaban procesados por coacción, en un fallo de noviembre de 2021 confirmado por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, pero el juez Fernando Caunedo decidió en agosto de 2022 elevar a juicio a los acusados por un delito más grave: extorsión en grado de tentativa.
El pedido de elevación a juicio y el agravamiento de la acusación por el bloqueo contra Andar fue efectuado en 2022 por el fiscal Ignacio Mahiques, en cuya presentación ante el juez consideró que “todos los imputados deben ser considerados coautores del hecho investigado pues con sus aportes contribuyeron a la realización del plan común que estaba orientado por la única finalidad de despojar a la firma de parte de su patrimonio en beneficio ilegal del Sindicato de Choferes de Camiones”. Y agregó: “Mientras parte de ellos llevaban adelante el bloqueo, otros, en particular Dutrá y Pérez, exigieron a Alejandro Castell (el dueño de la empresa) la entrega del dinero”.Recordó, en ese sentido, que los jueces de la Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional señalaron al confirmar el procesamiento de los acusados que“ ningún derecho puede ejercerse abusivamente, dado que la ley no los considera absolutos ni mucho menos ampara las demandas violentas realizadas al margen del monopolio estatal de la fuerza pública y el imperio de las decisiones judiciales”.
En este sentido, dijo que el artículo 10 del Código Civil y Comercial de la Nación, si bien establece que “el ejercicio regular de un derecho propio o el cumplimiento de una obligación legal no puede constituir como ilícito ningún acto”, advierte que “la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos”, y que tal se considera al que “contraría los fines del ordenamiento jurídico o el que excede los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres”.Sin embargo, en la medida en que la pyme empezó a crecer, los pedidos derivaron en aprietes gremiales: “Día por medio me llamaban del sindicato para exigirnos dinero por la diferencia de kilómetros. Como les dije que no, Sánchez me respondió que por el monto de la deuda podía pagarles con uno de mis camiones. Por supuesto que me negué. Esa es plata que juntan para ellos cada dos o tres años. Hay empresas grandes, que tienen unos 70 camiones, a las que les sacan dos o tres millones de pesos cada seis meses, pero los cheques no a la orden van a nombre del sindicato, de la federación y de la mutual, y el dinero no llega a los choferes”.
Por ese motivo, Castell les advirtió a los dirigentes de la seccional de Camioneros que “no iba a pagar lo que no era legal” y allí comenzaron las hostilidades: Sánchez y “cuatro matones” aparecieron de improviso en su casa para reclamarle por la deuda. “Me exigían dinero por la diferencia de kilómetros entre 2008 y 2018 -contó-. Me negué y les pedí que me enviaran una carta documento para que constara oficialmente el reclamo y tener argumentos legales para rechazarlo”.Castell llegó a tiempo para encarar a los activistas sindicales, que insistían en que mantendrían el bloqueo hasta que pagara la deuda, y soportó insultos de todo tipo. “Tenés que arreglar con la Seccional 9 de Julio”, le advirtieron. Uno de los matones de Camioneros incluso intentó pegarle. Finalmente, llegaron efectivos de la policía porteña, que, según el empresario, dejaron que se fueran sin ninguna dificultad luego de mantener cuatro horas de bloqueo.
Castell fue al edificio del Sindicato de Choferes de Camiones, en San José al 1700, en en el barrio de Constitución, el 5 de agosto de 2020 y puso en marcha una idea que ayudó a que luego avanzara la acusación de la fiscalía: le pidió a Dutrá que, como él no conocía bien la Ciudad, le enviara por WhatsApp la ubicación exacta del lugar adonde debía ir. Esos llamados y esa constancia geográfica sirvieron para certificar que su interlocutor estaba en el gremio de Moyano.
En el lugar, Dutrá lo llevó hasta la oficina de Omar Pérez, uno de los principales directivos de Camioneros. “¿Por qué te hacés el rebelde y no pagás?”, fue el mensaje que recibió como bienvenida. “Ustedes me están extorsionando. Piden plata que no es legal. Necesito que me intimen legalmente”, le contestó el empresario. “Mirá, no somos la gorra (en alusión a la policía), pero podemos cruzar la información con la AFIP”, le dijo el sindicalista.Finalmente, Pérez nunca le hizo llegar el detalle de la deuda, pero, dos semanas después de su denuncia judicial, Castell recibió un requerimiento de la AFIP para revisar los papeles de su empresa. No encontraron nada fuera de la ley. El mes siguiente tuvo otra visita de los inspectores del organismo impositivo: “Abrían y cerraban los balances, revisaban las liquidaciones de los sueldos. Revolvieron todo. Mi contador dijo que nunca vio una inspección así”, destacó el empresario. “Tuve nueve meses a la AFIP en mi empresa. ¿Y al sindicato quién lo controla?”, se preguntó.
El fiscal Mahiques investigó el caso, tomó testimonio a siete testigos del bloqueo, analizó las filmaciones, identificó a algunos de los activistas que participaron de la medida de fuerza, descubrió que Dutrá también había estado allí y llegó con su propio auto, pidió el entrecruzamiento de las llamadas entre un grupo de Camioneros y constató que habían estado en la zona del depósito de Andar en el mismo horario en que había sido bloqueado. Y por eso, además de determinar que la deuda reclamada era “inexistente”, pidió la indagatoria de seis representantes sindicales.A principios de este año, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 3 de la Capital fijó la audiencia del juicio para el 6 de junio. Y ahora, aunque no hubo condenas, hay una conclusión considerada clave por Castell y Arietto: los sindicalistas imputados no lograron ser sobreseídos y tuvieron que pagar el daño a la pyme reconociendo, en la práctica, que bloquear es delito.
Fuente: telam
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Capricornio
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