>A menos de un mes de las elecciones para elegir presidente, vicepresidente, 130 diputados y 36 senadores en Bolivia, convocadas para el 17 de Agosto, el régimen del socialismo del siglo 21 que controla el país prueba que solo se trata de una nueva farsa para llevar al pueblo a votar sin elegir. Es la dolorosa manipulación de la esperanza que repite a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Sin ningún elemento de democracia, presenciamos la tragicomedia electoral en Bolivia para mantener el narcoestado y la impunidad.

La pobreza en Bolivia ha crecido y este año superará el 61% “con mayor impacto en las zonas rurales”. Noticias Fides en mayo 2025, reportando el informe de la Fundación Jubileo con “la ilusión de la clase media se desvanece”, demuestra que “los avances sociales fueron frágiles y ocultaron caídas silenciosas…los datos del Instituto Nacional de Estadística subestiman la realidad”. Jubileo expresa que “en áreas rurales 6 de cada 10 personas vivirán en pobreza extrema” en 2025.

La realidad es más clara y dura que la estadística, la dictadura ha liquidado la riqueza del gas boliviano, el Banco Central no tiene reservas, han vendido el oro, no hay gasolina ni diésel, el dólar cuesta el triple del dólar oficial que no existe, el precio de los alimentos ha subido más del 25% y el valor adquisitivo del salario ha caído en cerca del 50%. Narcotráfico, corrupción, protección al crimen, contrabando e inseguridad ciudadana como acciones directas del régimen configuran la crisis de la dictadura/narcoestado que lleva a los bolivianos a la exitosa miseria de Cuba y Venezuela que proclaman como paradigma.

Las autoridades electorales no son independientes porque mantienen el padrón electoral falsificado, cuya ilegalidad está certificada por vocal del mismo Tribunal Supremo Electoral Rosario Baptista -ahora en el exilio- que demostró que es imposible ganarle una elección al régimen por el fraude institucionalizado. No existe posibilidad de control de constitucionalidad porque el poder judicial es de dependencia de la dictadura. No hay ningún elemento que permita una elección transparente y libre como lo confirma el Tribunal Supremo Electoral que ha inhabilitado a todos los candidatos que podrían representar una oposición no funcional, como el caso de Jaime Dunn.