>Una resolución publicada en Boletín Oficial puso fin a dos programas que integraban el ex Ministerio de la Mujer, luego de que la cartera de Justicia evaluara las políticas de prevención y erradicación de la violencia de género y de asistencia integral a las víctimas y concluyera en la falta de respuestas a la demanda social en dicha materia.

En el segundo de los casos, se detectaron debilidades graves en los circuitos operativos, el sistema de registro, la supervisión de casos y la documentación de las intervenciones. A raíz de un informe elaborado por una Unidad de Auditoria Interna, se supo que el 38% de los casos asistidos por el programa “no registraban acciones de abordaje o seguimiento”. En el mismo análisis se detallaron otras faltantes como acciones activas que no habían sido actualizadas en más de seis meses y la “carencia de estrategia integral de abordaje”, con números que representaban el 75 y el 26 por ciento respectivamente.

La resolución, firmada por el titular de la cartera, Mariano Cúneo Libarona, forma parte de un proceso de simplificación y reorganización de la intervención estatal, priorizando iniciativas que permitan alcanzar resultados. En este sentido, el documento señala: “Corresponde reasignar los recursos públicos hacia iniciativas útiles para el bien común y respaldadas por evidencia empírica, que permitan verificar resultados concretos y medibles y que aseguren eficiencia en la implementación de acciones con impacto demostrable y evaluable”.

En su momento, quien conducía la cartera, Ayelén Mazzina, dispuso la creación del Registro Nacional de Organizaciones Sociales que Abordan Temáticas de Género y Diversidad. La medida, enmarcada en las acciones del organismo para consolidar la protección de los derechos de mujeres y personas LGBTI+, tuvo como finalidad relevar y sistematizar datos sobre organizaciones sociales que trabajan en este campo en el país.