>Las fotos generan una atracción llamativa en la política, a veces para coronar acuerdos o éxitos y otras para descomprimir o vestir la realidad. Eso último es lo que ocurre con el encuentro de gobernadores y funcionarios nacionales que organiza la Sociedad Rural, para este jueves. Más allá del marco tradicional de la Exposición, la convocatoria sumó especulaciones como una posible vía de distensión del clima después de la media docena de derrotas que cosechó el Gobierno en el Senado. De todos modos, por ahora, asoma como una cita formal -incluso con márgenes de duda sobre algunas presencias- que combina la ilusión de una foto y el desafío real de allanar negociaciones, frente al reclamo sostenido de las provincias y las amenazas de veto persidencial.

La posición del Gobierno, hasta ahora, se resume en descalificar los reclamos con la mecánica de la grieta. Algo así como un discurso anticasta pero frente a la última cumbre en el CFI, que como dato original tradujo en proyectos de ley la posición de los veintitrés gobernadores y el jefe de Gobierno de la Ciudad. Es decir, los veinticuatro distritos. No es un frente, claro, y sobre ese terreno heterogéneo trabaja generalmente el Gobierno. Por la misma razón, entre los dialoguistas -ex JxC, peronistas con manejo propio, provinciales- se mantienen las prevenciones para no quedar atados a la disputa en blanco y negro impulsada sin vueltas por el oficialismo y el kirchnerismo.

Está a la vista que difieren, por mucho, las estimaciones sobre costo fiscal de las tres leyes ya sancionadas, desequilibrante o manejable, según advierte el Gobierno o dicen los impulsores de tales iniciativas. De todos modos, los gobernadores al menos como conjunto buscan despegar de ese tema. En rigor, sostienen el bajo o nulo impacto de sus dos propuestas, que apuntan a la distribución de ATN según los criterios del sistema de coparticipación federal y a una reconsideración del ICL, con anulación de fideicomisos y fondos específicos para ampliar el giro a las provincias.

En la práctica, los jefes provinciales dialoguistas y, en muchos casos, aliados de Olivos mantienen la intención de despegar ese debate del conflicto que instalará en los próximos días el rechazo efectivo a las tres leyes sancionadas por el Senado. Y menos quieren que el tratamiento concreto de sus dos proyectos, en Diputados, quede mezclado con la tensión de los nuevos vetos. Algunos lamentan el modo en que quedó “embarrado” el trámite en la Cámara alta, aunque destacan como señal al Gobierno la amplia mayoría lograda por sus propuestas.