12/07/2025
El catálogo de la ONU que advierte sobre el uso abusivo de leyes para silenciar a la prensa
Fuente: telam
El Consejo de Derechos Humanos solicita a los gobiernos modificar normativas que penalizan la labor periodística, proteger la confidencialidad de fuentes y garantizar acceso público a la información
>La reciente resolución aprobada por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas introduce por primera vez en este tipo de documentos un llamado a que los Estados adopten mecanismos de alerta temprana y respuesta rápida ante amenazas a periodistas, así como el establecimiento de vías accesibles que permitan denunciar la violencia en línea.
A partir de dichas novedades, el documento demanda “medidas eficaces, transparentes y sujetas a escrutinio para prevenir la difusión y amplificación de la desinformación y la facilitación del acoso, incluidos los ataques coordinados y basados en el género contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación” y subraya la importancia de “aplicar procesos de diligencia debida con el fin de identificar, prevenir o mitigar cualquier impacto adverso, real o potencial, en los derechos humanos y la seguridad y la labor de los periodistas”.
El organismo expresa “profunda preocupación por los riesgos específicos que corren las periodistas en […] su labor, y subraya, en este contexto, la importancia de adoptar un enfoque con perspectiva de género al estudiar las distintas medidas para garantizar la seguridad de los periodistas dentro y fuera del ámbito digital” y resalta la necesidad de combatir las amenazas de violencia sexual, intimidación, acoso, hostigamiento, chantaje con contenidos privados, desigualdad y estereotipos de género.
Requiere que se revisen y, si corresponde, se derogue o modifique cualquier normativa que limite el trabajo independiente de los periodistas y los trabajadores de medios de comunicación.
La resolución exige que se ponga inmediatamente en libertad a todos los periodistas detenidos o tomados como rehenes arbitrariamente o siendo víctimas de desaparición forzada, subraya la urgencia de abogar por “la rendición de cuentas realizando investigaciones imparciales, prontas, exhaustivas, independientes y efectivas de todos los actos de violencia, amenazas o agresiones contra periodistas” y exige a los Estados que “lleven a los autores de esos delitos ante la justicia”, abarcando tanto a quienes ordenan, participan o encubren dichos delitos, como a los cómplices.Además, pide a los Estados abstenerse de atacar o emprender represalias contra periodistas y medios, tanto en situaciones de paz como en contextos de conflicto u ocupación. El texto advierte expresamente sobre la prohibición de emplear campañas de información que puedan generar daños o poner en peligro a periodistas.
El documento constata que la mayor parte de los ataques violentos contra la prensa continúan en la impunidad e insta a “formular y poner en práctica estrategias para luchar contra la impunidad de las agresiones y los actos de violencia contra periodistas”, como la creación de unidades especiales de investigación, la designación de fiscales especializados o la adopción de protocolos específicos para el seguimiento y enjuiciamiento de estos casos.De acuerdo con el relato de la ONU, la claridad frente a estos compromisos responde a escenarios donde tanto legislaciones penales por calumnia o difamación como pleitos estratégicos (SLAPPs) se emplean de modo abusivo para presionar, silenciar o intimidar a quienes informan sobre asuntos de interés público.
El Consejo de Derechos Humanos solicita a los Estados “adoptar medidas para proteger a los periodistas y a los trabajadores de los medios […] frente al uso indebido de, en particular, la legislación financiera o las leyes que penalizan la difamación o la calumnia para presionar, silenciar o intimidar a los periodistas” y añadir “leyes y políticas que prevengan, desincentiven o mitiguen tales casos, entre otros medios asegurando que los procedimientos infundados se desestimen rápidamente, concediendo reparaciones a las víctimas de pleitos abusivos e imponiendo sanciones adecuadas a quienes entablen pleitos considerados abusivos”.Así mismo, la resolución aboga por que la información en poder de autoridades públicas sea divulgada eficazmente y que prevalezca el acceso público, salvo limitaciones “estrictas, proporcionadas, necesarias y claramente definidas”.
La resolución también menciona de manera específica la era digital, señalando como “vitales” los recursos de cifrado, seudonimización y anonimato, dado el aumento de la vigilancia, piratería y programas espía, muchas veces amparados por las propias autoridades.En respuesta a una preocupación creciente sobre la seguridad digital y física, el texto pone bajo la lupa tanto a los Estados como a las empresas tecnológicas y de redes sociales, a quienes urge a implementar medidas de prevención, asistencia y reparación en contextos de acoso, desinformación y violencia en línea.
Como se expresa en la resolución: “Es necesario mejorar la cooperación y la coordinación a nivel internacional, mediante, entre otras cosas, asistencia técnica y fomento de la capacidad, con respecto a la salvaguardia de la seguridad de los periodistas” y se incentiva la colaboración entre órganos nacionales, regionales e internacionales, así como una relación activa con los mecanismos de las Naciones Unidas competentes.Se pide además considerar planes de acción nacionales que aborden tanto amenazas nuevas como emergentes, incluyendo aquellas propias del entorno digital. Las recomendaciones alcanzan la promoción de ecosistemas informativos diversos y resilientes, con refuerzo a los medios independientes y públicos, y un papel destacado para la sociedad civil, las instituciones nacionales de derechos humanos y la protección de periodistas en contextos de protesta, elecciones y crisis sanitarias.
El documento asume una preocupación particular ante las agresiones que afectan a periodistas en contextos electorales y de crisis, recordando que el periodismo cumple una función vital en la construcción de sociedades informadas y democracias inclusivas.Finalmente, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU resolvió seguir examinando de manera permanente la seguridad de los periodistas e instruyó al Alto Comisionado, en colaboración con la UNESCO, la realización de un estudio exhaustivo con recomendaciones para adaptar la protección a las amenazas surgidas por cambios tecnológicos, legales y penales. Esto implica consultas en línea y la publicación regular de informes sobre los resultados y avances en la materia.
Fuente: telam
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Leo
LEO (del 24 de julio al 23 de agosto)
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